MORELIA, Mich., 23 de septiembre de 2020.- Con la ampliación del catálogo de conductas como la discriminación, el Congreso del Estado prácticamente desechó la iniciativa para establecer en Michoacán el llamado PIN Parental que conculca los derechos de los niños y adolescentes a recibir educación sexual y reproductiva, así como en materia de valores.

Con las reformas y adiciones a Ley Para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, aprobadas se presumirá, salvo prueba en contrario, que una persona, grupo o comunidad sufre discriminación si se le niega o limita información sobre derechos sexuales y reproductivos o se le impide el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas.

Apenas el pasado dos de septiembre el diputado del Partido Acción Nacional Hugo Anaya presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley de Educación y establecer que los padres o tutores tendrán el derecho, de prestar su consentimiento previo y por escrito sobre el contenido de las clases y actividades que se impartan en los centros educativos que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas.

Según esa iniciativa que está en comisiones para análisis y dictamen, los centros educativos deben entregar un informe de los talleres, actividades extracurriculares, pláticas o programas educativos del grado que cursan sus hijos al inicio del curso escolar a fin de que los padres de familia puedan informarse y tengan la más amplia libertad de elegir la educación de sus hijos sobre temas que no son propios de la educación científica.

Sin embargo, en las reformas aprobadas en la sesión ordinaria del pleno de la 74 Legislatura de este miércoles se estableció que queda prohibida en el estado cualquier forma de discriminación que tenga por objeto o resultado; impedir, menoscabar o anular; el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas, grupos o comunidades; así como su igualdad frente al ejercicio de sus derechos.

El dictamen aprobado fue elaborado por la Comisión de Derechos Humanos con base en dos propuestas presentadas por el diputado de Morena Osiel Equihua y el perredista Norberto Antonio Martínez.