MORELIA, Mich., 29 de noviembre de 2020.- En la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya quedó establecido su derecho de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, pero falta que el Gobierno del Estado realice las acciones necesarias, tanto técnicas como de política pública para hacer realidad ese derecho.

El pleno de la 74 Legislatura aprobó reformas al artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar una política de inclusión digital universal en condiciones de equidad, asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.

De acuerdo con dictamen aprobado el derecho de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación es un medio efectivo para que niños y jóvenes ejerzan sus derechos a la información, comunicación, libertad de expresión y asociación, educación, salud, cultura, sano esparcimiento, identidad, igualdad, no discriminación, y todos aquellos que contribuyan a su desarrollo integral.

Para ello, el Gobierno del Estado establecerá los mecanismos compatibles con los más altos estándares tutelares del derecho internacional de los derechos humanos, para prevenir razonablemente los riesgos que su uso pudiera implicar en el desarrollo integral del menor y garantizar su uso responsable y seguro.

Los diputados integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y la de Ciencia, Tecnología e innovación que presentaron el dictamen con base en dos iniciativas, una presentado por Antonio de Jesús Madriz y la otra por Francisco Cedillo argumentaron no desconocer potencial emancipatorio que trae aparejado la garantía de acceso a internet y a las tecnologías de la información y comunicación.

Sin embargo, señalaron que, paradójicamente, presenta una potencial negativo para el pleno desarrollo integral del menor, cristalizando en conductas nocivas como el acoso virtual, el acecho de adultos con fines sexuales, el acceso a actividades que son exclusivas para adultos, pero que se pueden acceder online, como contenido pornográfico o juegos de azar.

Es por ello que consideraron que la protección de la integridad física y psicoemocional, y del desarrollo integral de los menores, no se alcanzarán con la adopción de medidas restrictivas, arbitrarias y desproporcionadas que tiendan a menoscabar sus derechos, sino que ello solo será posible a través de la estructuración de una política pública integral de corte transversal que, bajo los enfoques de derechos humanos, de interculturalidad, de género, de inclusión y de interseccionalidad.