Un triunfo colocar a víctimas como eje central en política: Iris Vianey

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de abril de 2016.- La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó posicionamiento durante la discusión y aprobación de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Según un comunicado, es de señalar que El Senado de la República aprobó facultar al Congreso de la Unión a expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de derechos de las víctimas.

En el dictamen avalado por unanimidad con 87 votos y turnado a la Cámara de Diputados, se precisa que al realizarse la publicación de la Ley General de Víctimas vigente, el 9 de agosto de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, se dio cumplimiento al objetivo de emitir el ordenamiento que contempla normas acordes a la sistemática de una ley general para que los órdenes de gobierno federal, local y municipal realicen acciones en materia de derechos de las víctimas.

México vive desde hace varios años circunstancias adversas para la protección de la dignidad de las personas que para todos y todas parecían una realidad insólita.  Nunca, ni en nuestras peores pesadillas, nos imaginamos que cada día conoceríamos de actos de violencia de tanta irracionalidad y barbarie.

Desapariciones forzadas cometidas por servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, desapariciones cometidas por particulares se han convertido en un fenómeno sistemático en muchas regiones del país; ejecuciones sumarias y homicidios dolosos son noticia constante; la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes son una práctica generalizada, no sólo como mecanismo para obtener confesiones sino de intimidación y ejercicio de poder; desplazamiento interno forzado de miles de personas.

Todo ello es información que llena las páginas de los medios impresos y electrónicos, de los Informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos; y como respuesta tenemos la negación, una negación también sistemática de esta terrible realidad por parte de las autoridades federales de primer nivel o de autoridades estatales o municipales.

En marzo de 2011, recién se cumplió el quinto aniversario del asesinato de un grupo de jóvenes en el estado de Morelos, esto fue el detonante para el surgimiento de un importante movimiento de víctimas que rompió el silencio e irrumpió la voz de las víctimas olvidadas, las que no han tenido relaciones con grupos de poder político o económico o legislativo, las que no eran atendidas ni escuchadas ni respetadas en su dignidad.

Eran cifras, eran criminalizadas, eran personas no identificadas, eran daños colaterales, eran las víctimas de la violencia derivada de una errada estrategia de militarización de la seguridad pública impuesta desde 2006 y a la que se le ha dado continuidad hasta la fecha.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad surgió en 2011 como confluencia de familiares de personas desaparecidas y de personas ejecutadas, de personas torturadas; de organizaciones de derechos humanos y de organizaciones que demandaban la paz, el fin de la violencia y la guerra intestina participó el asesor de una servidora y de este Senado de la República, en memoria de él, de Ignacio Suárez Huape, es que hoy celebramos que se esté firmando por fin y dando paso a la aprobación de esta iniciativa.

Se reunieron con el presidente en turno en dos ocasiones, con las y los legisladores y con la y los candidatos a la Presidencia de la República. El único logro legal reconocido de este movimiento fue la Ley General de Víctimas, publicada por el actual Ejecutivo Federal el 9 de enero de 2013.

Pocas leyes han pasado por un veto presidencial, una controversia constitucional y tantos ataques de entonces y de ahora, sobre todo, por su contenido profundamente garantista que reconoce a las víctimas, los derechos humanos y a las víctimas del delito.

Hoy estamos aprobando una reforma constitucional que consolida la base legal que, desde 2011, estaba fundamentada en el tercer párrafo del artículo 1 y el segundo transitorio, ambos de la reforma constitucional en derechos humanos; así como el artículo 17, el apartado “C” del artículo 20 y el segundo transitorio, todos ellos de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal, que señalan la obligación del Congreso de la Unión de legislar en materia de reparación a víctimas de violaciones a derechos humanos y víctimas del delito.  Esa legislación es precisamente la Ley General de Víctimas producto del consenso de ese gran movimiento que levantó la voz de este Congreso.

Esta reforma, sin lugar a dudas, fortalece los derechos de las víctimas; abre el espacio para profundizar la justicia restaurativa que representa en nuestro país la propia ley; en un momento en que crece el número de personas cuyos derechos son anulados o menoscabados, ya sea por autoridades o por grupos delincuenciales, se requiere apostar con mayor decisión por el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y por las garantías de no repetición.

Ello significa que debemos reformar la ley actual preservando todos los principios garantistas que le dieron origen y modificando a profundidad la estructura burocrática que ha surgido del Reglamento y de la inadecuada interpretación que hacen las personas que nosotros, como Senado, elegimos para operar la ley y el sistema nacional de víctimas.

El movimiento nacional de víctimas que se ha organizado para trabajar con este Senado las leyes generales de desaparición de personas y de tortura, así como víctimas de otros hechos violatorios de la dignidad, de la vida y de la libertad, quieren acompañar la reforma a esta ley, quieren preservar su carácter garantista y de justicia restaurativa y van a defender los alcances de una de las primeras leyes surgidas de un movimiento social.

Bienvenida por ello esta reforma constitucional que coloca nuevamente a las víctimas de este país como eje central de la política de derechos humanos y de la gobernanza democrática.

Es por eso que en memoria de algunos de muchos, de miles, de millones, como José Luis Torres Castañeda, Rafael Sánchez Moreno, es que celebramos que se dé este paso tan importante, y esperando obviamente la aparición de los desaparecidos, entre ellos de María Mariscal Magaña, ex regidora; concluyó la legisladora michoacana Iris Vianey Mendoza.