Tribunal de control constitucional, viable en Michoacán

MORELIA, Mich., 16 de marzo de 2011.- La creación de un Tribunal de Control Constitucional que sea el árbitro que dirima las diferencias entre los distintos órganos del Estado y los niveles de gobierno, así como entre los tres poderes, puede ser una realidad en Michoacán, quedó de manifiesto en el Foro de Análisis y Consulta sobre la Pertinencia de crear en el Estado de Michoacán un Tribunal de Control. La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Samuel Navarro Sánchez (PAN) e integrada por José Antonio Salas Valencia (PAN), Jaime Rodríguez López (PRI), Gabriela Molina Aguilar (PRD) y Luis Manuel Antúnez Oviedo (Convergencia), convocaron este día al Dr. César Astudillo Pérez, estudioso del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como a especialistas en el tema a fin de conocer sus propuestas a las dos iniciativas que actualmente se analizan en dicha comisión. De esta manera, Samuel Navarro manifestó que actualmente se trabaja sobre las iniciativas presentadas por las grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, por lo que las propuestas hechas por parte de las instituciones académicas y por integrantes del Gobierno del Estado, “serán los insumos con los que trabajaremos para emitir un dictamen” que permitiría la creación de una sala para resolver las controversias en la entidad”. En el evento en el que también estuvieron presentes los legisladores Eligio Cuitláhuac González Farías (PRI), Raúl Morón Orozco (PRD) y Francisco Javier Morelos Borja (PAN), César Astudillo reconoció el esfuerzo hecho por el Congreso local por llevar a cabo el foro. Destacó que los poderes del Estado también tienen competencias y atribuciones al interior del mismo, “no se tiene en Michoacán un órgano que arbitre estas cuestiones debido a que la irrupción de mecanismos de justicia constitucional, necesita de varios presupuestos y uno de ellos que es básico y fundamental en la realidad michoacana es el pluralismo político”. El investigador señaló que entre los mismos partidos políticos hay diferencias ideológicas que en materia de derechos hacen que se tenga protección de ciertos derechos, mientras que otros se ubican en el extremo contrario, pluralismo que hace que en los órganos deliberativos se discutan distintas opciones legislativas, pero que es muy difícil que se llegue a soluciones homogéneas, dando lugar a lo que se conoce como gobiernos divididos. “Si bien hoy en día hemos creado este árbitro de la federación (SCJN), no tenemos en algunas entidades como Michoacán, un árbitro al interior que dirima los conflictos que se puedan dar entre el Gobernador y las Legislaturas ante la eventual expedición de una Ley o incluso ante el eventual veto a una ley. No tenemos mecanismo de pacificación entre el Congreso del Estado y un Municipio en algo vinculado con la Ley Orgánica Municipal o con atribuciones o competencias de los municipios”, precisó.Ante David Garibay Tena, subsecretarío de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales del Gobierno del Estado, el investigador Astudillo Pérez, planteó que cuando uno de los poderes no respeta lo que dice la Constitución, no se están respetando los marcos legales, por lo que se hace necesario buscar un mecanismo en la entidad para solventar ese problema, “a la Constitución hay que respetarla en su integridad porque no se trata de decir que la misma sea suprema en pedacitos, pongamos instrumentos para que cuando no se respete, el Estado mismo pueda reaccionar”. Recalcó que al Poder Judicial no se le da la importancia que se les otorga a los otros poderes del Estado, y que en su parecer, la Justicia Constitucional surgió en un momento menos propicio para consolidarse en el año 2000, cuando políticamente el PRI pierde la Presidencia de la República y con ello “las placas tectónicas” del poder cambian “invariablemente”, porque ese poder que estaba en el titular del Ejecutivo, hoy en día la ejercen los gobernadores, a lo que muchos definen como un fenómeno de “feudalización de la política”. Explicó que en Veracruz, Tlaxcala y Nayarit actualmente se cuenta de manera exitosa con dicho mecanismo, pero que no ha funcionado en otras entidades debido a que “cuando se realiza una reforma, no sólo es aprobarla, se trata de implementarla, y en este proceso es necesario que haya un ejercicio de capacitación integral”. En su oportunidad, Rosa María de la Torre Torres, secretaria Auxiliar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, manifestó su acuerdo con la creación de un Tribunal, pero indicó que antes debe trabajarse en la Constitución del Estado un Catálogo de Derechos Constitucionales “porque el que se tiene es mínimo”, para determinar lo que se va a defender o controlar entre el Gobierno del Estado, los municipios y el Congreso del Estado.Cuauhtémoc de Dienheim Barriguete, vicerrector Académico de la Universidad Latina de América, expresó que deberá determinarse de quién dependería el Tribunal que se analiza, debido a que en su opción debiera crearse como organismo autónomo, “habrá quien pueda decir que es caro pero al final de cuentas la democracia y el buen funcionamiento del Estado, lo vale”.Agregó que también en el nuevo ordenamiento jurídico deberá establecerse el mecanismo del nombramiento de sus miembros con la finalidad de blindarlo y garantizarle que pueda desarrollar sus funciones, así como la duración en sus cargos y especificar sus garantías judiciales.Finalmente, Emmanuel Roa Ortiz, director del Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial, coincidió al señalar que antes de formular la creación de un Tribunal, debe discutirse el Catálogo de Derechos Fundamentales y que éste debe depender del Supremo Tribunal de Justicia con la finalidad de fortalecer al Poder Judicial en la entidad para con ello “consolidarlo como tercer poder”.