Teléfono Rojo

Los senadores padecen doble asedio:

 

El impuesto a su edificio central, integrado hasta ayer por unos cuantos cientos de opositores a la reforma energética, y el de sus propias bancadas.

 

Sus coordinadores los han concentrado en hoteles cercanos al Senado para evitar ausencias y tenerlos a la mano a fin de no perder las votaciones cruciales de fin de período.

 

No es la primera vez, pero esta situación puede alargarse.

 

Hasta ayer la prioridad, impuesta por Acción Nacional (PAN), era la reforma electoral.

 

A partir de ahora es el cambio de estatus para el Distrito Federal, con constitución propia y poderes soberanos, y la reforma energética.

 

Hay contratiempos.

 

Las negociaciones sobre los temas no avanzan al ritmo de los propósitos convenidos el pasado fin de semana, sobre todo entre priístas y panistas, y cada día se fijan nuevas prórrogas.

 

Las relativas a la reforma energética continuaban ayer en varias pistas –en la Secretaría de energía y en el Senado de la República-, pero todavía quedan muchos aspectos de difícil conciliación.

 

Ante este panorama, ya se habla de llevar su presentación, discusión y aprobación hasta la próxima semana, pese a haberla programado para darle trámite entre el 7 y el 10 de diciembre.

 

-Pero no llevará más del día de la Virgen de Guadalupe –confió un negociador panista.

 

 

CAPITAL PRIVADO EN TODA LA CADENA PETROLERA

 

 

Los panistas insisten en la apertura casi total del sector.

 

Si en un principio propusieron las concesiones al estilo de las vigentes hasta la expropiación de 1938, ahora hablan de tres tipos de permisos: licencias, contratos  de producción compartida y convenios de utilidad compartida.

 

Parte de esta propuesta ya habría sido aceptada por el gobierno, pues una fuente habló ayer de reivindicar el papel rector de la Secretaría de Energía (Sener, hoy a cargo de Pedro Joaquín Coldwell).

 

En esa dependencia se otorgarían las licencias y se vigilaría el uso del sector privado.

 

También determinaría las zonas o regiones donde participarían las empresas con gran capital y tecnología de punta, básicamente trasnacionales en aguas profundas y ultra profundas.

 

Si la administración de Enrique Peña cede, el país estaría ante la posibilidad de ver a los empresarios en toda la cadena petrolera, desde la explotación hasta el procesamiento y su comercialización.

 

¿Gasolinas particulares?

 

Ningún consultado ha contestado esta pregunta y sólo se han atrevido a definir: Petróleos Mexicanos (Pemex) mantendrá la exclusividad en tierra firme y en aguas someras porque dispone de tecnología.

 

El debate sigue y hay dos temas no dilucidados: el gas y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

 

 

DEL ESCANDALO LADY PROFECO AL DE LA PROFEPA

 

 

1.- No pierda de vista la información sobre el relevo en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

 

Salió el morelense Francisco Moreno Merino y llegó Guillermo Haro Bélchez, una persona muy allegada al presidente Enrique Peña.

 

La remoción trae cola: los colaboradores de Moreno Merino la atribuyen a conflictos con algún gobierno estatal; los adversarios hablan de un problema similar al de Humberto Benítez, el procurador del consumidor cesado por el escándalo desatado por su hija Andrea, recordada como Lady Profeco.

 

Y 2.- los productores mexicanos de papa están muy alarmados.

 

Vienen de un sexenio de angustias porque funcionarios estadunidenses doblegaron al gobierno de Felipe Calderón para la importación de 150 mil toneladas de ese producto a la frontera.

 

Su oposición no es comercial, sino sanitaria: el tubérculo está contaminado hasta por 43 plagas capaces de afectar tierras agrícolas y cultivos tanto de papa como de chile, berenjena y tabaco.

 

Si persiste esta autorización, dice el dirigente de la Confederación Nacional de Productores de Papa (Conpapa),Bosco de la Vega, se afectará a un sector compuesto por ocho mil 500 productores y siete millones de jornales.

 

El valor de la cosecha es de mil millones de pesos.

 

La suerte de todos ellos depende de una consulta pública prevista para concluir el 13 de diciembre.