Tecnología de vanguardia a precio justo: Víctor Silva

CIUDAD DE MÉXICO,  17 de febrero de 2016.- “Con la reforma de telecomunicaciones, los servicios de comunicación no solo son más accesibles, sino también de mejor calidad, en beneficio de los mexicanos”, así lo manifestó el secretario de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, Víctor Silva Tejeda, luego de celebrar la cuarta reunión ordinaria en la que se discutieron, entre otros puntos, el procedimiento para designar contralores del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Según un comunicado, el legislador michoacano  en San Lázaro confirmó que ayer comenzó el concurso de subastas para asignar espectro de la red 4G LTE (Long Term Evolution, por sus siglas en inglés, lo que se traduce como Evolución a largo plazo), que es un estándar para comunicaciones inalámbricas de transmisión de datos de alta velocidad para teléfonos móviles y terminales de datos.

Cabe señalar que en esta licitación para expandir la nueva tecnología 4G LTE,iniciada en diciembre del año pasado,participan dos de las compañías más grandes que brindan servicios de telecomunicación en el país: Telcel y AT&T.

“El Instituto Federal de Telecomunicaciones espera recaudar al menos 3 mil 200 millones de pesos en el primer semestre del año y este proceso terminará aproximadamente en junio de este año”, enfatizó el legislador federal.

Silva Tejeda consideró que “la apertura a nuevos inversores no solo garantiza la competencia y un mejor servicio a un precio justo, sino un ingreso más para el Estado.

Es de contextualizar que este es el primer concurso de espectro móvil que organiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones desde su conformación en el 2013, y el primero en seis años.

AT&T y Telcel están haciendo ofertas económicas por los ocho grandes bloques nacionales de frecuencias en disputa.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia económica son dos órganos constitucionales autónomos, adquiriendo ese rango en las reformas a la Carta Magna promulgadas en junio del 2013 para evitar prácticas desleales o monopólicas, así como castigar concentraciones y restricciones al funcionamiento eficiente del mercado.