Sugiere Cocoa una reingeniería institucional en las prisiones

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de marzo de 2016.  La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa propuso reformar la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados en su artículo tercero, párrafo cuarto y sexto en materia de funcionamiento de centros penitenciarios, y la creación de un nuevo capítulo en la ley en materia de participación ciudadana. La iniciativa busca regular los casos en los que los reos federales pueden  enviarse a cárceles estatales; fortalecer un sistema de desarrollo integral de las mujeres reclusas, madres internas e hijos menores de de edad; implementar consejos de participación ciudadana para vigilar condiciones de cárceles en el país; y fortalecer el trabajo de los reos dentro de los centros de readaptación social con el fin de canalizar sus capacidades a actividades productivas.

Según un comunicado, la legisladora recordó que el 18 de Junio de 2008 entró en vigor la reforma constitucional en materia de justicia penal, encaminada a construir un nuevo sistema nacional penitenciario, sin embargo, pese a las reformas los incidentes en los centros penitenciarios del país siguen ocurriendo de manera cotidiana, pues se registra una sobrepoblación en las cárceles, las tasas de reincidencias son altas y los delitos de alto impacto no han dejado de crecer, y en esencia la política penitenciaria no está cumpliendo sus objetivos sociales ni legales, aseveró.

Así mismo, dijo que en los centros penitenciarios existe una sobrepoblación de 47.3%, “los 389 centros penitenciarios que existen en México cuentan con una capacidad total instalada para 208,905 reclusos, sin embargo están registrados 247 mil 488 presos, lo que significa que existe una sobrepoblación de 38,583 personas distribuidas en 184 de los 389 centros penitenciarios”, señaló.

Recordó que a finales del año pasado fueron reportadas 183 incidencias en el sistema penitenciario mexicano, de estas, 61 fueron riñas, 46 agresiones a terceros, 19 auto agresiones, 49 decesos, tres suicidios, una huelga de hambre, un homicidio, un intento de fuga y un motín.  Así mismo, que las condiciones que provocaron el motín como el ocurrido el 11 de febrero del presente año en el penal de Topo Chico, son similares a los que existen en la mayoría de los centros de privación de la libertad del país, sobre población y abandono de la autoridad en el control de los penales.

Por lo anterior, Calderón Hinojosa urgió la necesidad de realizar una re ingeniería institucional en el sistema nacional penitenciario que impacte en los centros federales como en los estatales  y en verdad se genere una readaptación en el sistema penitenciario con una visión humanista del recluso.  De esta manera la iniciativa presentada por la legisladora panista busca en primer termino regular los casos en que delincuentes del orden federal puedan pagar sus condenas en centros de readaptación sociales estatales, cuidando en todo momento la capacidad de población del centro receptor y la peligrosidad del reo.

Se busca fortalecer un sistema de desarrollo integral de las mujeres reclusas, para que cuenten con atención adecuada para las madres internas, cuyos hijos menores de edad permanezcan con ellas para asegurar su desarrollo integral.  Por otra parte la iniciativa también busca incentivar y fortalecer el trabajo de los reos al interior del centro de readaptación social con la finalidad de canalizar sus capacidades en una actividad productivas, de esta manera Calderón Hinojosa señaló “No podemos esperar una reinclusión social, si los reos no han aprendido a cooperar entre sí, tendiendo casos de éxito que les dé sentido de utilidad en sus familias y comunidad”, aseguró.

Por último, la iniciativa propone crear un nuevo capítulo en la Ley que establece las normas mínimas sobre Readaptación Social de los sentenciados para establecer la participación ciudadana como herramienta de fortalecimiento de las políticas públicas de readaptación social. Con la finalidad de que los consejos puedan vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos, que puedan prevenir incidentes, detectando un mapa de riesgo y en general condiciones sociales dentro de los penales del país.