Sugiere CEFP acciones para implementar Ley de Disciplina Financiera

MORELIA, Mich., 3 de mayo de 2016.-El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados aseguró que para una implementación más rápida y sencilla de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los gobiernos subnacionales (locales) deben fortalecer la recaudación de los ingresos propios, ordenar el gasto corriente y redimensionar el aparato burocrático, entre otras acciones.

De acuerdo a información de un comunicado, indicó que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a principios del presente siglo el promedio de deuda de entidades federativas y municipios respecto a participaciones federales era del 50 por ciento.

A inicios del 2016, dicho nivel superó el 80 por ciento, con un monto de más de 530 mil millones de pesos, equivalente a cerca del 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Tal endeudamiento, agregó, no representa un riesgo para las finanzas públicas nacionales, pero sí es una alerta para algunas entidades federativas y municipios que podrían comprometer la estabilidad de sus finanzas públicas en el futuro.

En el documento “Análisis e implicaciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”, el CEFP destacó que el crédito bancario no es la única fuente de financiamiento para los proyectos de inversión de los gobiernos subnacionales, los cuales pueden acceder a los recursos de los programas federales y a los esquemas de asociación público privada.

Los gobiernos subnacionales (estados y municipios) también pueden allegarse recursos llevando a cabo acciones que aumenten sus ingresos propios, como la modernización catastral, la eliminación del subsidio a la tenencia vehicular, así como la mejora de la eficiencia recaudatoria.

Por el lado del gasto, pueden trabajar en la reducción y el ordenamiento del gasto corriente, la regulación de las adquisiciones y concesiones, así como el redimensionamiento del aparato burocrático, entre otras medidas.

De igual modo, el CEFP plantea realizar talleres en los que se expliquen a profundidad las nuevas disposiciones de la Ley a los funcionarios públicos locales; crear un Consejo, tanto a nivel municipal como estatal, que se encargue de la planeación, ejecución y supervisión de las normas que tendrán que cumplir los municipios y las entidades federativas, y suscribir convenios con la SHCP, para poder contar con el aval federal de la deuda y conseguir un menor costo del crédito.

Reitera que podría fortalecerse la recaudación de los ingresos propios de las entidades federativas y los municipios que tienen un nivel alto de deuda, pues la baja tributación es unas de las razones más importantes por las que han incurrido en un mayor endeudamiento en los últimos años.

Los gobiernos subnacionales o locales que cuentan con un nivel considerable de ingresos propios podrían optar por su consolidación. Algunas medidas que podrían elevar los ingresos es la modernización catastral, a través de la actualización de las bases, de la bancarización del proceso y cobranza, así como de una eficiente estrategia de cobro para mejorar los ingresos por concepto de impuesto predial.

Asimismo, se pueden explorar los programas del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), así como de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que tienen programas para modernizar los sistemas catastrales de los gobiernos subnacionales.

Recomienda evaluar la posibilidad de modificar la Ley de Coordinación Fiscal para incentivar una mejora en la recaudación de las entidades federativas y los municipios, así como delimitar la competencia de facultades a nivel local a fin de fortalecer la recaudación propia y robustecer las facultades municipales en materia de servicios públicos.

Sobre el impuesto a la tenencia vehicular, el CEFP propone implementar una legislación federal para evitar el costo a las entidades federativas de obligar a pagar en su totalidad el gravamen y eliminar los subsidios que se otorgan y de esta forma mejorar la recaudación y aumentar los ingresos propios.

Por otra parte, se podría considerar reducir el gasto en las entidades federativas y los municipios que presentan anualmente un déficit de recursos y que se financian por medio del endeudamiento, así como consolidar el gasto eficiente que hacen las entidades federativas con una radiografía saludable de sus finanzas públicas.

Para lograr un menor gasto podría considerarse: reducir y ordenar el corriente, ya que es el rubro en el que más gasto se ejerce por parte de las entidades federativas y los municipios, el cual engloba el de servicios personales, generales, así como materiales y suministros. “Es importante evaluar las funciones en las plazas de la nómina para detectar aquellas que duplican”, plantea.

De igual forma, considera viable reducir al mínimo la contratación por honorarios que no sea estrictamente indispensable para el cumplimiento de las funciones del gobierno, así como llevar a cabo una racionalización en los servicios generales, bienes materiales y suministros.

Además, regular las adquisiciones y contrataciones; redimensionar el aparato burocrático para detectar las áreas y dependencias que tengan duplicidad de funciones, así como las que tengan actividades que pueden ser absorbidas por otras.