En Coahuayana hay una gran determinación: Araceli Saucedo
MORELIA, Mich., 20 de agosto de 2015.- A cuatro meses de que entrara en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), son 700 los casos resueltos a través de acuerdos reparatorios, lo cual ha generado un ahorro en el sistema penitenciario cercano a los 40 millones de pesos anuales.
Así lo confirmó la directora del Centro de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, Isabel Maldonado, quien resaltó que a raíz de la reestructuración del sistema de justicia en las regiones de Morelia, Uruapan y Zamora, los resultados han sido los esperados.
Detalló que la dinámica del NSJP se regirá por tres ejes: la mediación, la conciliación y la junta restaurativa, a fin de disminuir los ingresos en el sistema penitenciario de la entidad.
Para ello, subrayó que son 12 los mediadores con los que cuenta la dirección a su cargo, los cuales se encargan de generar acuerdos en los procesos legales, previo a llegar a una instancia judicial, en la búsqueda de que ambas partes generen acuerdos favorables.
Explicó que la mediación consiste en buscar que a través de agentes facilitadores se generen consensos en los que el imputado repare el daño de las víctimas, siempre y cuando no existan agresiones físicas.
Con respecto a la conciliación explicó que el reparo de los daños se consuma a través de bienes económicos y materiales, en caso de que la víctima sufra un daño que requiera de una reparación de este carácter.
En casos de mayor severidad como conflictos masivos, en donde no cabe una conciliación, la solución es generada a través de una junta restaurativa.
Señaló que el caso más sonado y el primero atendido por la Centro de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, fue el ocurrido en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, perteneciente al municipio de Quiroga, en donde surgió un choque entre los líderes de dicha demarcación con un minoritario grupo que pretendía establecer un culto religioso ajeno a la comunidad.
Indicó que el conflicto se generó debido a que un grupo de 30 comuneros solicitó un inmueble para uso común de una casa habitación, el cual finalmente se estableció un templo religioso.
Derivado de ello, las autoridades de Santa Fe de la Laguna -regida por la Ley de Usos y Costumbres- expulsaron al líder religioso de este grupo y procedieron a derribar e incendiar dicho inmueble.
Ante ello, precisó que fueron tres sesiones las efectuadas para lograr un acuerdo entre los comuneros, el cual se generaron tres acuerdos: una disculpa pública por parte de los comuneros que pretendían establecer un nuevo culto religioso; la facilitación de inmuebles por parte de las autoridades comunales para este efecto, siempre y cuando sean solicitados; y el respeto a todo culto religioso en la demarcación.
Sobre este misma dinámica, puntualizó que a la fecha han sido atendidos 700 casos en las regiones en las que el Nuevo Sistema de Justicia Penal ya fue implementado, por lo que subrayó que con este nuevo modelo se omitirán los procesos jurídicos por causas menores.
Por otra parte, Isabel Maldonado argumentó que las deficiencias económicas que las instituciones operadoras del nuevo esquema de justicia en la entidad, han limitado sus acciones, por lo que resaltó la necesidad de que el presupuesto para este efecto sea mayor.
En este sentido precisó que por lo menos el Centro de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias requeriría 12 mediadores más, con la intención de optimizar su eficiencia.