MORELIA, Mich., 26 de mayo de 2016.- La diputada del Partido del Trabajo, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, expresó que el gobierno del estado llevó a cabo acciones a las cuales calificó como graves, en torno a la evaluación del magisterio.

De acuerdo a información de un comunicado, dijo la diputada del PT en el congreso local, que las acciones del gobierno del estado para sostener la evaluación en el estado son incorrectas, insostenibles y preocupante; todo ello, fuera de la propaganda realizada para denostar y satanizar al maestro y denunció que quienes aún utilizan sus voces para repetir hasta el cansancio una política federa y su consecución estatal, demuestran ignorancia de un tema en el cual abundan discursos hechos y lo que falta es un auténtico debate con argumentos.

Dio a conocer Fraga Gutiérrez que el día 13 de mayo, de manera inusitada fueron anexadas las notificaciones para que los maestros se presentaran a la segunda etapa de la evaluación magisterial el pasado 19 del mismo mes.

“En un acto ofensivo, coercitivo e incluso al margen de todo marco legal, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación, intentó notificar por la fuerza a los más de 5 mil maestros seleccionados por la autoridad para presentarse a este ejercicio de evaluación docente, que claramente es cuestionable por sus objetivos, sus características, sus métodos y sus implicaciones”.

Dio a conocer que dicha notificación mediante leyenda anexa en los cheques de los maestros carece de validez ante cualquier marco legal que establezca criterios para actos de notificación, ya que por regla general, se establece que toda notificación debe realizarse, en primera instancia, en el domicilio de la persona indicada y sólo en caso de que esto no sea posible, mediante algún tipo de publicación. Procediendo de esta manera, el gobierno del estado no cumplió con dicho principio básico, condicionando el salario de los trabajadores de la educación a un medio de notificación que es claramente nulo y aberrante.

 

Denunció además que el gobierno del estado no atendió responsablemente fundamento legal, pues, el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial por la Secretaría de Educación el día jueves 5 de mayo, por el cual “se informa al personal seleccionado de la Secretaría de Educación, la fecha y la sede en que deberán cumplir con la evaluación del desempeño” también incumplió, incluso con el fundamento legal al que se refirió, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece que “cuando las leyes respectivas  así  lo  determinen,  y  se  desconozca  el  domicilio  de  los  titulares  de  los derechos afectados, tendrá efectos de notificación personal la segunda publicación del acto respectivo en el Diario Oficial de la Federación”.

 

En ese sentido, la publicación en el Diario Oficial de la Federación –no el Periódico Oficial del Estado de Michoacán– sólo se justifica como medio de notificación personal cuando es desconocido el domicilio de los titulares de los derechos de los afectados. Y tal ordenamiento de la ley se refuerza en el artículo 35, que establece que las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse “Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado” o “por edicto, cuando se desconozca el domicilio del interesado o en su caso de que la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal”.

 

Dichas formas, por demás controversiales, se sumaron al cuestionamiento legítimo que hacen los profesores al proceso de evaluación, como una forma de atentar contra sus derechos laborales, lo que provocó una mínima participación de 745 maestros frente a una muestra de más de 5 mil.

 

En ese sentido, y según lo planteado por el gobierno del estado, se procederá a despedir a más de 4 mil maestros en nuestra entidad sólo por no haber atendido a un citatorio que claramente no tiene ninguna validez legal. Por tal motivo, el gobierno del estado y, por su conducto la Secretaría de Educación estarían cometiendo una grave violación de los derechos laborales de los profesores en el estado.

 

Y por ello, Brenda Fraga Gutiérrez expresó que el gobierno del estado y la secretaría de educación actuaron al margen de la ley, en un intento de forzar a los maestros a presentarse a la evaluación y cuestionó sobre las responsabilidades que deben asumir ante tal violación a los derechos laborales de este gremio.

 

En ese sentido es fundamental que el gobierno clarifique el fundamento en que se basa para proceder de tal manera, pues de lo contrario será claro que se trataría sólo del uso de instrumentos de presión política que el poder ejecutivo está empleando para intimidar y someter a los maestros a cumplir una evaluación docente, ilegítima y violatoria de sus derechos laborales.

 

Calificó la diputada como  grave, que el gobierno del estado recurra a este tipo de acciones en su afán obsesivo de tener control sobre los maestros y con ello sólo termina confirmando las opiniones críticas sobre la Reforma Educativa cuando se afirma que se trata de instrumentos de sometimiento contra el magisterio.

 

“Condicionar el salario de los maestros al acto obligado de recibir la notificación de la evaluación, notificarlos fuera de todo procedimiento legal y despedirlos por no atender este tipo aberrante de notificación; no pueden ser formas de mejoramiento y avance en materia educativa; con este tipo de acciones, el tan presumido “logro” por parte del gobierno al aplicar la reforma educativa, sólo significa un retroceso en el estado democrático”, finalizó.