Rechaza clase política implementación de reemplacamiento en Michoacán

MORELIA, Mich., 4 de septiembre de 2015.- De manera general, las fuerzas políticas del estado se opusieron a que la iniciativa del reemplacamiento entre en vigor, ya sea en la presente administración, o en la venidera que estará encabezando a partir del 1 de octubre, Silvano Aureoles Conejo.

Los dirigentes de los organismos políticos de la entidad coincidieron en que esta determinación representaría un “duro golpe para el bolsillo de los michoacanos”, debido a las complicaciones financieras por las que atraviesa el estado.

“Sería un duro golpe para la economía de los michoacanos”, aseveró el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez Zavala, al señalar que por las deficiencias económicas en las que está inmerso el estado, difícilmente la ciudadanía se apegaría a dicha norma.

Como prueba de ello, mencionó que gran parte de los michoacanos optaron por no renovar sus matrículas vehiculares desde 2012, debido al desentendimiento de las autoridades por sancionar a quien no respetara dicho trámite.

“Ya lo vimos en la pasada renovación de placas, donde una gran parte de ciudadanos incumplió al no existir una sanción”, aseveró.

Chávez Zavala agregó que por las complicaciones financieras que actualmente vive el estado, muy difícilmente la ciudadanía respondería a dicha norma, pese a los operativos que se pudieran llegar a implementar.

Sobre este argumentó, exhortó al gobernador en turno, Salvador Jara Guerrero, a especificar cuáles serán las condiciones, sanciones y el destino de los recursos que logren ser recabados, a fin de no generar “ni apatía, ni desconcierto” en la ciudadanía.

Por su parte, el líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Torres Piña, resaltó que se deberán valorar las medidas sobre las que se estaría estableciendo el reemplacamiento en el estado, tomando como referencia las deficiencias en materia económica que padece Michoacán.

En otro sentido, consideró que el tiempo que le queda a Jara Guerrero al frente de la administración será una limitante para proceder a la aprobación de dicha iniciativa, por lo que dejó entredicho que sería Aureoles Conejo y los 40 nuevos diputados del Congreso del Estado los que den seguimiento a esta alternativa.

Recordó además, que fue el propio ex presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, quien avaló dicha iniciativa en su momento, la cual, dijo, no necesariamente debe ser aplicada.

Un tanto más mesurado, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Agustín Trujillo Iñiguez, reconoció que las condiciones socio-económicas de la entidad no son las más favorables para proceder a la aprobación de una iniciativa de este carácter. Sin embargo, justificó que más que ser una estrategia financiera, esta norma busca establecer un esquema de seguridad en el que  se cuente con un registro vehicular para garantizar la legitimidad de las matrículas.

“Tiene como propósito revisar al momento de que ya se hizo el reemplacamiento, la legitimidad de las placas y prevenir así cualquier tipo de delito”, sustentó.

Trujillo Iñiguez llamó a “no perder de vista el estado financiero de Michoacán”, por lo que solicitó a los legisladores responsabilidad para que en caso de que se avale esta iniciativa, los intereses de la ciudadanía no se vean afectados.

“Pretenden compensar el déficit financiero por el que atraviesa Michoacán, agregándole un impuesto más a la ciudadanía”, atajó Daniel Moncada Sánchez, dirigente de Movimiento Ciudadano, quien reprobó la propuesta del gobernador saliente, Salvador Jara Guerrero, tras resaltar que han sido las “malas” administraciones estatales las culpables de la situación financiera que padece el estado, por lo que desde su apreciación, sería un error que los michoacanos “pagaran los platos rotos”.

El líder del partido naranja consideró que la aprobación del reemplacamiento, sería una medida recaudatoria injusta, tras subrayar que en ningún estado de la República se establece que la renovación de placas se deba de generar cada tres años.

“Que no nos vengan con el cuento de que es un tema de seguridad, toda vez de que en Michoacán se están robando un promedio de 17 a 20 vehículos diarios”, aseveró al dirigir su comentario a Víctor Manuel Magaña, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, quien destacó que con la aprobación de esta medida, se estaría fortaleciendo el esquema de seguridad en la entidad.

Recordó que según cifras de Coneval, en Michoacán existen cerca de 2 millones de pobres y casi un millón y medio de desempleados, por lo que sobre este contexto, “sería ilógico el agregar un impuesto más a la ciudadanía”.

Daniel Moncada exigió responsabilidad a los legisladores locales aún en funciones, para que de manera coherente, vean por el bienestar social de Michoacán.

“Sería una pena que esta legislatura se despida como una ventanilla de trámite para el Poder Ejecutivo”, enfatizó.

En caso de que esta tarea les fuera delegada a los próximos legisladores, resaltó que como próximo diputado, buscará los medios para evitar su aprobación, en base a argumentos y propuestas de desarrollo financiero factibles.

“Que se ajusten el cinturón los políticos”, exhortó tras señalar que como medida  recaudatoria los salarios de los funcionarios públicos tendrían “por obligación que ser reducidos”.

Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, dirigente de Morena, advirtió que el partido recién surgido podría convocar a la sociedad civil a unirse a una serie de movilizaciones, a fin de que la ciudadanía exprese su descontento a la posible aplicación del reemplacamiento.

“Le vamos a decir que ‘Claro que no’ a Jara o a Silvano, sea quien sea el gobernador que avale esta operación”, resaltó.

Al igual que el dirigente de MC, Miguel Ángel Sandoval, aseguró que el único diputado del Congreso Local con el que contarán en la siguiente administración se opondrá de manera “rotunda” a la aplicación de la iniciativa.

Agregó que el diputado plurinominal por Morena en la casa legislativa del estado velará para que lo anterior sea respetado, pues argumentó que es “inaudito” que la clase política “se siga empoderando de los recursos que le corresponden a la propia ciudadanía.

Finalmente, Jonathan Sanata González, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) coincidió en que las condiciones económicas del estado no son las más apropiadas para avalar esta iniciativa.

Agregó que como próximo legislador del Congreso Local se dedicará a analizar de manera detallada los términos y condiciones de la iniciativa, con la finalidad de garantizar la estabilidad económica de los michoacanos.

“Vamos en contra de la aprobación al reemplacamiento, no es factible para el bolsillo de los michoacanos”, argumentó.

Pese a la inconformidad que ha despertado el posible reemplacamiento en la entidad, el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, Miguel López Miranda, aseguró que no se busca “una recolección de dinero”, sino únicamente  cumplir de manera cabal con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2000, la cual establece que las entidades federativas y el Distrito Federal deberán efectuar la renovación de matrículas vehiculares con un lapso de vencimiento de tres años.