Rechaza Rafael Rosales actitud parcial ante conflicto en el TCA

MORELIA, Mich., 12 de febrero del 2014.- El presidente del Tribunal de Conciliación  Arbitraje (TCA) del Estado de  Michoacán, Rafael Rosales Coria, rechazó haber asumido una actitud parcial en el conflicto huelguístico del Poder Judicial de la entidad, como lo sugirió el líder  sindical Javier Gámez Piñón.

Por ello, dijo estar sorprendido y  desconoce los motivos que orillaron al dirigente gremial Gámez Piñón a pedir su renuncia como titular del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. “Mi función es fungir como árbitro o conciliador entre el patrón y el sindicato, y  así  lo hice en ese conflicto laboral”,  puntualizó.

Rosales Coria explicó que  fue precisamente en el marco del conflicto huelguístico que logró sentar a las dos partes, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Antonio Magaña de la Mora, y al líder del Sindicato del Poder Judicial,  Javier Gámez Piñón, para que arribaran a un acuerdo.

Informó que el jueves y el domingo pasados, ambos representantes estuvieron en la sede del Tribunal de Conciliación  y Arbitraje dialogando y acordando sobre el pliego petitorio motivo de la huelga   estallada por el gremio sindical.

“En mi calidad de presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje fungí en esas reuniones  como mediador, conciliador y árbitro entre ambas partes, y ello permitió que se llegara a acuerdos y posteriormente se levantara la huelga”, dijo Rosales Coria, y agregó que fue el propio líder sindical Javier Gámez quien le hizo un reconocimiento por haber intervenido favorablemente en ese conflicto laboral.

También, anotó, el Tribunal resolvió a favor del citado  gremio sindical un incidente promovido por la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia que objetaba la personalidad jurídica de los dirigentes sindicales. “¿Cuál parcialidad en contra del sindicato?, se preguntó el árbitro laboral michoacano.

Ya se sabe que el acuerdo principal fue que el Supremo Tribunal de Justicia ofreció un incremento salarial del 3.5 por ciento, más un incremento a prestaciones sociales y económicas.