Rechaza Jara usar presupuesto público para gastos personales

MORELIA, Mich., 4 de mayo de 2015.- El Gobierno del Estado, por instrucción de su titular Salvador Jara Guerrero, respondió en tiempo y forma a la solicitud de información presentada por Manuel Antúnez Oviedo, referente a los gastos de operación y mantenimiento de Casa de Gobierno. En dicha respuesta, el Poder Ejecutivo puntualiza que la ley prohíbe la existencia de partidas presupuestales destinadas a la manutención del gobernador y su familia, de tal manera que sus gastos personales son cubiertos por cuenta propia.

Según un comunicado de pensa, el pasado 19 de marzo, en apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el ciudadano Antúnez Oviedo solicitó la siguiente información; “1. A cuánto asciende la partida presupuestal para la operación y mantenimiento de Casa de Gobierno; 2. A cuánto ascienden los gastos mensuales por concepto de manutención del Ciudadano Gobernador y su familia por habitar y usar la Casa De Gobierno,  y 3. A que Unidad Programática Presupuestal se etiquetan estos gastos y cómo se comprueban”.

A través de la Secretaría Técnica, el Gobierno del Estado hizo llegar la respuesta  mediante Oficio N° STG//2015, mismo que fue entregado el pasado jueves en el domicilio otorgado por el solicitante para recibir notificaciones.

En dicho oficio se hace del conocimiento de Manuel Antúnez que no existe una “partida presupuestal  para la operación y mantenimiento de Casa de Gobierno”, ya que la erogación del gasto para el correcto funcionamiento de las diferentes instalaciones designadas al Titular del Ejecutivo, se encuentran diversificadas en distintas partidas presupuestales.

No obstante, se le informa al solicitante que existe una partida presupuestal denominada “Mantenimiento y Conservación de Inmuebles”,  destinada a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles dedicados a la prestación de servicios administrativos; incluye edificios, locales, terrenos, predios,y áreas verdes al servicio de las Dependencias y Entidades.

Para el ejercicio fiscal 2015, el Congreso del Estado autorizó un recurso de 4 millones 383 mil 617 pesos a la partida antes referida. Con dicho presupuesto se cubren los costos por concepto de mantenimiento y reparación de todas las instalaciones asignadas al Titular del Poder Ejecutivo para realizar funciones institucionales, incluidas las instalaciones de Casa de Gobierno y Palacio de Gobierno.

De acuerdo con declaraciones reproducidas por diversos medios de comunicación, Manuel Antúnez afirmó en una de sus actividades proselitistas que el Gobierno del Estado negó la información requerida con el argumento de que ésta se encuentra “prohibida por ley”; sin embargo, si se hiciera una lectura de comprensión de la respuesta entregada por la administración estatal, se vería que “se le informa que por Ley, y por estar prohibido, no se cuenta con ninguna partida presupuestal que contemple el ejercicio de recursos públicos por conceptos de manutención, ni del Ciudadano Gobernador ni de su familia, independientemente del lugar en que estos habiten”.

En el oficio que se hizo llegar a Manuel Antúnez Oviedo, se precisa que “todos los gastos personales y de manutención (del gobernador y su familia), corren por cuenta de la o las personas que los adquieran”.

Finalmente, en atención al tercer punto de su solicitud de información, la respuesta puntualiza que “los importes ejercidos con cargo al presupuesto autorizado y con apego a las disposiciones emitidas por la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo correspondientes al Despacho del Gobernador, se cargan presupuestalmente en las Unidades Programáticas Presupuestales 03 Ejecutivo del Estado y 04 Secretaría Particular del Gobernador.

Con lo referido previamente, el Gobierno del Estado cumple con lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, y asume su responsabilidad de informar sobre el ejercicio de la administración pública.