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MÉXICO, DF, 22 de marzo de 2015.- La Comisión de Derechos de la Niñez aprobó un exhorto para que el titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) instruya y coordine la elaboración de un estudio estadístico para que se cuente con datos específicos, desagregados y puntales sobre la infancia y adolescencia.
De acuerdo a un comunicado de prensa, la propuesta, presentada por la diputada federal Lucila Garfias Gutiérrez, busca determinar el índice del ejercicio efectivo de derechos de la infancia y la adolescencia, contenidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel nacional.
“A partir de la evidencia sobre lo que funciona y lo que no, será posible diseñar y mejorar programas de gobierno que garanticen a plenitud sus derechos”, subrayó la legisladora de Nueva Alianza.
Además, afirmó que este análisis serviría como base para la elaboración de políticas públicas que aseguren mejores condiciones de bienestar al sector que protege esta Ley.
A lo anterior, agregó que ese estudio permitirá conocer la forma en que se están garantizando o incumpliendo sus Derechos Humanos, a la luz del contenido de la propia Constitución Política, de la Convención sobre los Derechos del Niño y de los diversos instrumentos relacionados con la protección infantil.
Garfias Gutiérrez recordó que en diciembre pasado, se publicó en el Diario Oficial la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el instrumento jurídico vigente más importante para garantizar los derechos de este sector de la población, no sólo porque es enunciativa de sus garantías, sino porque además, define obligaciones y competencias a los tres órdenes de gobierno para hacerlas efectivas.
En este sentido, destacó que contar con el diagnóstico propuesto servirá como instrumento para que las instituciones y dependencias cuenten con información y elementos para adoptar las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la legislación.
Consideró además, que el diagnóstico en comento deberá generarse a partir de registros administrativos de la información de interés nacional sobre infancia, generada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluyendo las áreas administrativas de la Presidencia de la República y de la PGR; los Poderes Legislativo y Judicial; las entidades federativas y los municipios; los organismos constitucionales autónomos, y los tribunales administrativos federales.
Esta propuesta, insistió, resulta importante para mejorar las políticas sociales dado que el estudio sobre pobreza y derechos sociales de los niños, desarrollado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social en 2012, indica que de los 43.4 millones de habitantes menores de 18 años en México, el 53.8% se encontraba en una crítica condición de vulnerabilidad.
“Estas cifras expresan que el Estado mexicano no ha asegurado las condiciones necesarias a este sector de la población que permitan garantizar el goce y disfrute de cada uno de sus derechos”, concluyó la legisladora.