Proponen restringir el cambio de uso de suelo de terrenos incendiados

MORELIA, Mich., 1 de mayo de 2016.- Prohibir el cambio de uso de suelo en un terreno incendiado hasta que transcurran 20 años y se acredite la regeneración ecológica ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, propuso la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Juanita Nohemí Ramírez Bravo.

“Las autoridades competentes, en conformidad con la Ley de Responsabilidad Ambiental, podrán determinar que en aquellos predios cuyo siniestro se demuestre haya sido intencional, no puedan ser destinados para actividades agropecuarias”.

Señaló que para presionar el cambio de uso de suelo los particulares queman intencionalmente miles de hectáreas de bosques, selvas o manglares, para convertirlas en parcelas de cultivo o en terrenos para la ganadería.

El manejo del fuego, así como el uso doloso del mismo para derribar bosques y abrir espacios para otros usos de suelo, tiene grandes costos para la correcta conectividad de los ecosistemas y los corredores biológicos que son fundamentales para la biodiversidad y la productividad de los ecosistemas, indicó.

De acuerdo con la legisladora, los incendios forestales, especialmente aquellos siniestros intencionados tienen un efecto devastador en el planeta ya que el fuego arrasa todo lo que encuentra a su paso, resultando difícil que plantas u animales puedan sobrevivir, resultando una afectación prolongada del ecosistema.

Ramírez Bravo indicó que de acuerdo con la Comisión Forestal del Estado de Michoacán cada año se pierde alrededor de 60 mil hectáreas de cobertura vegetal indispensable para la purificación del aire y del agua.

En el  mismo tener, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que la principal causa de la pérdida de bosques y selvas en México es el cambio ilegal de uso de suelo forestal para actividades agropecuarias.

Por ello propuso la armonización de la legislación local con la federal en la que se contempla la prohibición de cambio de uso de suelo en terrenos incendiados intencionalmente, durante un periodo de 20 años y hasta que se haya resarcido el daño ecológico.