MORELIA, Mich., 13 septiembre de 2015.- Debido a que en México están en proceso de evolución los temas de la procuración y acceso a la justicia ambiental y de desarrollo urbano, así como de ordenamiento territorial, es necesario crear una figura debidamente establecida en la Constitución Política de Michoacán, planteó el diputado local José Guadalupe Ramírez Gaytán.

De acuerdo con un comunicado, al presentar al Pleno de la LXXII Legislatura local, la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una sección VI “De la Procuraduría de Desarrollo Urbano” al Capítulo I y el Artículo 99 de la Constitución Política de Michoacán, el legislador del PRI cuestionó si se continuará con un crecimiento urbano desmesurado sin abordar los problemas en su conjunto, o se seguirán aplicando medidas “que lejos de mitigar el problema, lo llegan a complicar”.

Apuntó que en la casi totalidad de los casos, la expansión y crecimiento territorial de la población no ha podido sujetarse a ningún tipo de planeación urbana.

Lo anterior, porque el crecimieto territorial no ha podido ser detenido ni por los obstáculos físico-geográficos, como cañadas, cerros, zonas que se inundan o basureros, ni por otras restricciones como el tipo de uso de suelo, tierras dedicadas a agricultura, granjas, ejidos, zonas industriales.

Ramírez Gaytán recordó que en 1992, México adoptó la Declaración de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo, que en el principio 10 establece el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo resarcimiento de daños y la posibilidad de utilizar los recursos legales pertinentes.

De igual manera, dijo, se comprometió a permitir el acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente, para facilitar y fomentar la sensibilización y participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones.

Por lo anterior, el legislador planteó como una necesidad la creación de una figura debidamente establecida en el máximo ordenamiento estatal, como es una Procuraduría especializada en materia de desarrollo urbano “que permita al Estado y a los ciudadanos, la defensa de los bienes colectivos y la tutela de derechos difusos, a fin de ampliar la legitimación del interés jurídico e institucional del Estado, para defender los derechos ambientales de los habitantes”.

Lo anterior, con autonomía legal y financiera, para que procuren la aplicación de la normatividad en la materia, tanto por parte de los particulares como de los órganos de gobierno.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para estudio y dictamen.