MORELIA, Mich., 2 de septiembre del 2014.- En la sesión extraordinaria de este martes, la diputada Rosita Molina Rojas presentará la iniciativa de Ley para Garantizar el Bienestar de los Usuarios de Servicios de Rehabilitación, Albergue, Internamiento, Asistencia Social o Privada del Estado de Michoacán.
La iniciativa, signada por 23 legisladores de todas las expresiones políticas que existen al
seno de la LXXII Legislatura local, contempla la obligación de supervisar a dichas instituciones para brindarles asesoría, evaluar su desempeño y vigilar el puntual cumplimiento de las normas oficiales mexicanas NOM-031-SSA3-2012 y NOM-032-SSA-2010 y disposiciones legales.
Asimismo, establece que en virtud de que no todos los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de rehabilitación, albergue e internamiento y asistencia sociales se constituyen legalmente como instituciones de asistencia social, “es urgente la necesidad de construir una normatividad jurídica apegada a la realidad en que este momento se encuentran nuestros niños, adultos y adultos mayores, procurando con ello la mayor protección a su integridad física, emocional, psicológica y jurídica”.
La futura Ley en la materia refiere que los prestadores de servicios deberán contar con los permisos correspondientes, como el de la Secretaría de Educación, si el servicio es de educación básica; de la Secretaría de Salud en el Estado, donde se señala que se satisfacen las condiciones adecuadas de salubridad e higiene para prestar el servicio; de la Dirección de Protección Civil del Estado, en donde se exprese que se cuenta con la infraestructura, instalaciones y equipamiento adecuados para la prestación del servicio; de la autoridad municipal correspondiente, así como de las Secretarías de Salud y Educación que consten que el personal que atiende a los usuarios está capacitado para prestar el servicio.
La ponente legisladora Rosita Molina Rojas indica que la autoridad responsable de aplicar dicha Ley será el Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Gobierno, que tendrá diversas atribuciones integradas en esta nueva norma legislativa.
Cabe señalar que en la iniciativa también se estipulan las sanciones que se aplicarán a los prestadores de servicios que violenten el contenido de la ley, y que van desde una amonestación pública, una multa de 500 a 1000 días de salario mínimo diario general vigente en el Estado de Michoacán, suspensión temporal del servicio y suspensión definitiva del servicio.
La iniciativa de la legisladora Rosita Molina Rojas, ha sido signada por los legisladores Sarbelio Augusto Molina Vélez, del Partido Nueva Alianza; César Morales Gaytán, del PVEM; Laura González Martínez, María Eugenia Méndez Dávalos, Bertha Ligia López Aceves, José Eduardo Anaya Gómez y José Sebastián Blanco, del Partido Acción Nacional; así como por Elías Ibarra Torres, Leonardo Guzmán Mares, del PRD; por los integrante de la representación parlamentaria, los diputados Uriel López Paredes y Selene Vázquez, y por los legisladores del Partido Revolucionario Institucional