Plantean modificaciones a iniciativa de Mando Único

MORELIA, Mich., 21 de enero de 2015.-En el Senado de la República se realizó la tercera mesa de las Audiencias Públicas en Materia de Seguridad y Justicia, con el tema de la intervención federal por filtración del crimen organizado en municipios, con la participación de Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República; Giovanni Tartaglia Polcini, fiscal italiano; Eruviel Tirado, especialista; y Juan Marcos Gutiérrez, ex funcionario.

Según un comunicado de prensa, el tema central fue la propuesta de disolución de municipios ante la infiltración del crimen organizado, contenida en la iniciativa de la Presidencia de la República. El primer ponente fue Eruviel Tirado, quien dijo que modificar la ley tal como se pretende, representa una contrarreforma.

Añadió que la discusión de cómo intervenir un municipio, más tarde podría traer como consecuencia la formulación de esquemas de intervención de estados, pues no están exentos a la corrupción. Hizo énfasis en que atacar la criminalidad a nivel municipal no dará a mediano plazo un control de la crisis que vive el país en materia de seguridad.

Juan Marco Gutiérrez también consideró que la propuesta del Ejecutivo federal debe ser modificada, pues tal como está, representa una marcha preocupante hacia un plano de centralismo, y mediante una idea generalizada de un presunto mal desempeño de los municipios.

Abundó en que no hace falta esta reforma, pues en el artículo 115 constitucional existen mecanismos suficientes para desintegrar un ayuntamiento, y que el Congreso de la Unión nombre a uno de sus integrantes como encargado; por lo que se debería modificar el artículo antes citado, en lugar de cambios que alteren la esencia del modelo federal del país.

Propuso que el municipio prevalezca como orden de gobierno e integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como una reforma a la fracción primera del artículo 115 constitucional, para hacer expedita la separación de un alcalde de su ayuntamiento por causa grave de seguridad pública y/o de crimen organizado.

Por su parte, Giovanni Tartaglia Polcini dejo en claro que no tenía una opinión sobre la iniciativa del Presidente de la República, pero habló sobre la experiencia que han tenido en su país al intervenir cabildos mediante una legislación denominada “De emergencia”.

Dijo que en Italia, la disolución de cabildos por infiltración de la mafia no tiene que nada que ver con procesos implicados a órganos jurisdiccionales, sino que se maneja como un instrumento preventivo de combate al crimen. Detalló que hasta el momento, después de 25 años de implementar este modelo, de más de mil municipios en su país, hasta ahora sólo se han intervenido 260.

Señaló que ese instrumento se ha manejado de manera proactiva y no de modo punitivo, por lo que el sistema de disolución de cabildos funcionó, con la aplicación de otras medidas, porque solo no hubiera podido destruir el cacicazgo que habían alcanzado organizaciones criminales, como la que se había apoderado de Sicilia.

En ese sentido opinó Tomás Zerón, quien dijo que la iniciativa del Ejecutivo federal no busca debilitar a los municipios, sino fortalecerlos, mediante el combate al crimen organizado, con la creación de un nuevo sistema policial que permite que los elementos estén más cerca de la ciudadanía.

Explicó que la iniciativa contempla la disolución de municipios sólo cuando haya indicios suficientes de que está infiltrado por el crimen organizado; y así impide que las autoridades municipales “pongan pretextos para enfrentar la delincuencia”.

Añadió que se plantea dotar de recursos a los cuerpos policiacos para que se les paguen buenos salarios y prestaciones a los policías, para terminar con el problema de recursos y la tentación de ser corrompidos, y además, de esta manera, ofrecer un proyecto de vida a los policías.

Posterior a las ponencias, los senadores participaron para enriquecer el debate. El senador del Partido de la Revolución Democrática, Armando Ríos Piter, señaló que otro problema que tienen los municipios es que no se pueden generar recursos propios. También dijo que la iniciativa sólo toma en cuenta a la policía, e ignora la impartición de justicia.

El senador del Partido Revolucionario Institucional, Omar Fayad, apuntó que la experiencia de Italia con un modelo similar al que se discute, será de gran utilidad, tomando en cuenta que es el único país que cuenta con él. Dijo que no hay que escatimar ninguna posibilidad al gobierno de la República para que pueda enfrentar el clima de inseguridad.

Por su parte, la senadora del PRD, Angélica de la Peña, enfatizó en que el Senado de la República no está tomando decisiones fundamentales. Dijo que la mayoría de los municipios tienen una inmensa debilidad debido a la pobreza, la marginalidad y falta de organización, entre otros aspectos; por lo que se necesita hacer lo contrario a lo que plantea la iniciativa presidencial, es decir, fortalecer el ámbito municipal.

La senadora del PRI, Arely Gómez, cuestionó si las herramientas contenidas en el artículo 115 constitucional, para disolver cabildos, son suficientes para prevenir la expansión del crimen organizado y de su cultura en los municipios ante el panorama actual por el que atraviesa el país.

El senador Alejandro Encinas dijo que es insuficiente decir que hay indicios de infiltración del crimen organizado para que se intervenga en un municipio. Subrayó que la autoridad judicial debe intervenir sólo al tener plenamente acreditados el involucramiento o los delitos cometidos por la autoridad.

En su intervención, el senador Enrique Burgos dijo que se debe encontrar una fórmula para resolver la inseguridad, uno de los temas más sensibles para la sociedad mexicana; y no necesariamente mediante sanciones o castigos, más bien con el apuntalamiento de la protección al federalismo y municipalismo.

Finalmente, el senador Roberto Gil Zuarth dijo que es incorrecto que se hable de la incorporación al sistema constitucional mexicano de la figura italiana de intervención central frente a la filtración mafiosa. Ya que en Italia no se utiliza como un mecanismo de intervención en específico para la infiltración del crimen organizado, sino que es una facultad genérica de control político central sobre el funcionamiento de los municipios.