CIUDAD DE MÉXICO, 23 de marzo de 2016.- Expertos en transparencia y rendición de cuentas afirman que la obligación de hacer públicas las declaraciones patrimoniales, de probable conflicto de interés y fiscal -mejor conocida como #Ley3de3- es sólo un piso mínimo que deben tener las leyes complementarias del Sistema Nacional Anticorrupción.
Según publica el diario El Universal, coinciden en que este primer paso debe ir acompañado de leyes secundarias robustas que estén a la altura de la reforma constitucional, porque bajar la exigencia de ese mandato sería un retroceso en el nuevo andamiaje contra la corrupción que se discute en el Senado.
Las ex comisionadas presidentas del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai), Jacqueline Peschard y María Marván, coinciden en que este piso mínimo debe ir acompañado de otras leyes, porque de nada sirve conocer los bienes de un servidor público si no hay una instancia que verifique que la información sea verdadera.
“Son un primer paso mientras no haya una verificación de que lo que se publicita es real. La publicidad es un elemento de vigilancia y escrutinio, pero no es una garantía de combate a la corrupción o el conflicto de interés, por eso el Sistema Anticorrupción implica más normas, además de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, asegura Peschard.
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