Piden diputados revisar dinero destinado a custodia de ex gobernadores

MORELIA, Mich., 5 de noviembre de 2012.- A pesar de la crisis financiera diputados del PRI y PAN de la 72 legislatura local, coincidieron en señalar que ante los problemas de inseguridad que se viven a nivel estatal y nacional, es necesario mantener la seguridad de los ex funcionarios públicos, debido a la trascendencia de las decisiones que toman durante las administraciones públicas y que en la actualidad ascienden a los tres millones de pesos anuales.Asimismo reconocieron la necesidad de revisar esta cifra que proporcionaron las dependencias encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia del estado, con la finalidad de vigilar que se gasten los recursos que realmente se necesitan para este rubro.En este sentido, el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, Alfonso Martínez Alcázar, calificó como “inexplicable” la diferencia del gasto que se ejerció en sueldos de escoltas durante el 2011, comparado con el presente año, situación que se debe revisar porque “a simple vista no se puede definir si está bien gastado”.El legislador desconoció si existe un marco jurídico vigente que justifique la erogación de dichos recursos, pero consideró que debido a la naturaleza de los cargos públicos y la toma de decisiones del gobernador, el procurador, el secretario de seguridad pública y el secretario de gobierno, resulta necesaria su protección por un tiempo considerable, una vez que concluyeron con su encargo en la administración pública.Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso Víctor Manuel Silva Tejeda agregó que la prerrogativa se tendría que ampliar incluso a los jueces y magistrados quienes también toman decisiones importantes que pueden repercutir en represalias.Sin embargo, descartó que sea en el que se tenga que legislar, sino que “el ejecutivo tendrá que revisar si los recursos que se gastan en este sentido están justificados y debidamente avalados por algún acuerdo del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo”.El legislador desconfió de las cifras proporcionadas por las dependencias estatales a través de la ventanilla de acceso a la información pública, al considerar que en lo personal ha visto ex gobernadores que solo se hacen acompañar de un chofer y no de un numeroso grupo de escoltas.Sin embargo, cabe hacer mención que la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado proporcionaron que al año gastan alrededor de tres millones de pesos, sólo en los sueldos de los trabajadores comisionados en la protección y custodia de ex gobernadores, ex funcionarios y/o familiares de éstos, por lo que debido a un acuerdo de reserva de información pública, omitió dar a conocer el número de escoltas, vehículos y armas que también se les facilita a quienes garantizan la seguridad personal de los ex servidores públicos.De igual manera, cabe resaltar que el acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán el ocho de febrero de 2002, establece sólo la protección del titular de la Procuraduría General de Justicia, su familia y su domicilio, por lo menos durante los próximos tres años al término de su función, mediante la asignación de mínimo seis escoltas, dos vehículos y un arma de fuego personal con cargo al erario público.Asimismo establece que para garantizar la protección de funcionarios distintos al procurador, se propone que cada Procuraduría en el ámbito de su competencia emita los acuerdos necesarios para lograr este propósito, en el marco de las resoluciones de la VIII Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.