MORELIA, Mich., 5 de enero de 2014.- Ante la descomposición social, económica y política que enfrenta nuestro país a causa de la corrupción, la sociedad demanda un mecanismo riguroso de evaluación electoral, para evitar que integrantes del crimen organizado accedan al poder público, afirmó el senador David Monreal Ávila.
El legislador del Partido del Trabajo dijo que en México “la corrupción es un cáncer eterno” que “se ha convertido en una forma de vida y se expresa en el soborno a un policía de tránsito, el otorgamiento de grandes concesiones de contratos públicos y privados o el financiamiento de campañas políticas”.
Aseguró que el Estado ya no tiene el monopolio de la violencia, se ha roto el sistema de justicia, los ciudadanos confían poco en el quehacer de las instituciones; además de la inseguridad, hay desempleo, pobreza, abandono del campo y abusos de autoridad.
Una solución para estos problemas, agregó Monreal Ávila, es blindar las elecciones de la intromisión de la delincuencia organizada y del lavado del dinero, con la certificación de candidatos a puestos de elección popular.
En este sentido, presentó una iniciativa para modificar el artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de establecer como requisito para quienes deseen registrarse como candidatos someterse a pruebas de confianza: exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos, socioeconómicos, de aptitud y capacidad.
Dichas pruebas, acotó, deben contar con la acreditación del Centro Nacional de Certificación y Acreditación y del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.
Con estos mecanismos, agregó, se les dará la certeza y confianza a los ciudadanos de que su próximo Presidente de la República, Presidente Municipal, Diputado o Senador, será una persona honorable, honesta y confiable; además, se tendrá la seguridad de que no pertenece al crimen organizado y se pondrá “un freno de mano” a la corrupción e impunidad.
En la exposición de motivos de la propuesta que se turnó a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, Monreal Ávila destacó que la corrupción ha llegado a niveles inimaginables y muestra de ello es que en Michoacán hay 224 servidores públicos detenidos durante los últimos 10 meses, de los cuales tres fueron ex secretarios de primer nivel, seis presidentes municipales, un tesorero y dos síndicos.
Agregó que es innegable que, poco a poco, el crimen organizado ha ido penetrando en la esfera política, pues a los sucesos de Michoacán deben sumarse los del presidente municipal de Iguala, Guerrero, quien tiene nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos.
Por si esto fuera poco, en lo que va del año, 42 mil 214 policías de los tres órdenes de gobierno reprobaron los exámenes de control de confianza y aún siguen activos en sus corporaciones.