Asegura Alfonso haber asignado obras públicas a empresas locales
MORELIA, Mich., 25 de junio de 2014.- El cobro de un dividendo estatal a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y cuál será su destino, así como la escasa producción de electricidad con energías renovables y la inestabilidad de las tarifas eléctricas, con repercusión por el pago de este servicio en la economía familiar de los ciudadanos, planteó el Grupo Parlamentario Nueva Alianza (GPNA) “como temas cruciales” a funcionarios de las paraestatales.
De acuerdo con un comunicado de prensa, ante los directores de Exploración y Producción y Corporativo de Finanzas de Pemex, Gustavo Hernández García (encargado de despacho) y Mario Alberto Beauregard Álvarez, respectivamente, y del director de Finanzas de la CFE, Francisco Santiago Vargas, las diputadas María Sanjuana Cerda Franco, Lucila Garfias Gutiérrez y Dora María Talamante Lemas destacaron que una de las obligaciones del Estado es garantizar la seguridad energética, sostenible y a precios competitivos hacia la población.
En la reunión de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Energía de la Cámara de Diputados, las legisladoras aliancistas establecieron que la reforma energética tiene una serie de temas cruciales que requieren especial cuidado a fin de que pueda cumplir con sus objetivos trazados.
La coordinadora del GPNA, María Sanjuana Cerda Franco, señaló que después de un profundo análisis de las tres iniciativas turnadas a esta Cámara en la materia, así como las que fueron presentadas al Senado de la República, surgen muchas interrogantes para el GPNA, entre las que resaltó las siguientes:
¿Por qué los miembros independientes del Consejo de Administración de Pemex y CFE serán de tiempo parcial? Consideramos, dijo, que deben “estar dedicados de tiempo completo y no de manera parcial. Es decir, el sector energético necesita consejeros 100 por ciento dedicados a ese trabajo, con amplios conocimientos sobre las zonas petroleras y que conozcan el tema a profundidad”.
Asimismo, pidió que expliquen el porqué el Consejo de Administración de la CFE tiene un consejero representante de los trabajadores y en el caso de Pemex no sucede lo mismo, puesto que para Nueva Alianza es de vital importancia preservar los derechos de los trabajadores y para ello es importante que se encuentren representados. Agregó que en esa asimetría entre Pemex y Comisión Federal de Electricidad, independientemente de coyunturas o situaciones particulares que se den, “creemos que los derechos y la representación de los trabajadores no debe ser menoscabada”.
Nueva Alianza, precisó la también secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, no ha dejado de insistir en lo relativo a la renta petrolera y la determinación de la utilidad operativa que derive de los contratos. Sin embargo, consideró que se ha dejado de lado un tema de igual relevancia como es el caso del dividendo estatal, y hasta el momento “ningún funcionario o funcionaria que nos han visitado y atendido a nuestras preguntas las ha contestado”.
Ese dividendo –contemplado en el capítulo VI de la iniciativa por la que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos– establece que Pemex y sus empresas productivas subsidiarias lo entregarán anualmente al gobierno federal.
Asimismo, la diputada aliancista citó que en su fracción II, el artículo 91 de dicha Ley dice: “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (…) determinará la propuesta de monto que Petróleos Mexicanos, así como cada una de las empresas productivas subsidiarias, deberán entregar al gobierno federal como dividendo estatal”.
Es por ello que pidió a los funcionarios presentes abundar sobre este tema, y contestar a lo siguiente: “Si estamos hablando de que Pemex mantiene una carga fiscal, que seguirá manteniendo con el régimen de asignaciones y asumirá otras cuando migre a contratos, ¿cuál es la razón de que se le cobre a Pemex un dividendo estatal, además de las contraprestaciones contractuales que deriven del régimen de contratos o de los derechos que deriven del régimen de asignaciones? ¿Cuál sería el destino de este dividendo y por qué será enterada la Tesorería de la Federación, en lugar del Fondo Mexicano del Petróleo?
Por su parte, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez expresó que a Nueva Alianza le preocupa el pasivo de Pemex –que llegó a finales de 2012 al billón de pesos, es decir, la mitad de los pasivos totales de la paraestatal-, y que la empresa no cuenta con las reservas necesarias para hacer frente a los vencimientos de estos mismos que aumentarán en los próximos años a medida que más trabajadores obtengan sus jubilaciones.
La legisladora cuestionó, asimismo, sobre la conservación de nuestro patrimonio natural y de seguridad energética nacional, pues es fundamental que México diversifique su matriz energética nacional, con fuentes de energía renovable. Al respecto, según datos de la Sener, al cierre de 2011, las fuentes no fósiles aportaron 20.3 por ciento de la generación de electricidad en el país, mientras que las fuentes fósiles aportaron el 79.7 por ciento, lo cual indica una matriz energética altamente petrolizada.
Expuso que en Nueva Alianza se tiene la convicción de que las fuentes de energía renovable representan una importante área de oportunidad para la generación de energía eléctrica, que permita garantizar un futuro sustentable para nuestro país. “Lamentamos que la iniciativa de la Ley de la Industria Energética no contemple ninguna figura legal o mecanismo específico que obligue de manera concreta a la CFE a llevar a cabo una producción sustentable mediante acciones inmediatas, mediables, verificables y registrables”, subrayó.
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Nuestro país, explicó, cuenta con un alto potencial en energías renovables, sin embargo, estas fuentes no han sido realmente aprovechadas. Por ejemplo, en el caso del potencial eólico como fuente de energía renovable, la CFE sólo ha utilizado en la generación de electricidad el 0.08 por ciento del total de la electricidad generada. Otro ejemplo, es el mal aprovechamiento de la energía solar para generar electricidad, de la cual la CFE sólo utiliza el 0.06 por ciento del total.
Preguntó al funcionario de la CFE: ¿qué medidas concretas tiene contempladas implementar la CFE para aumentar su producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables? Y ¿qué opinión le merece, desde una visión de sustentabilidad, establecer la obligatoriedad al Consejo de Administración y al director general, a impulsar en la CFE programas que incluyan la utilización gradual de tecnologías que permitan producir energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable?
Por lo que toca a la diputada Dora María Talamante Lemas, estableció que la CFE, empresa establecida en l937, es hoy una empresa productiva del Estado que guarda el objetivo de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica basada en principios técnicos y económicos.
Resulta sumamente preocupante, precisó, la inestabilidad que guardan las tarifas eléctricas, repercutiendo el pago de este servicio en la economía familiar de los consumidores, por lo que se debe garantizar que quienes tengan la necesidad de un mayor uso de electricidad de acuerdo a su situación climatológica, social, territorial y económica, estén en posibilidades de sufragar una tarifa justa.
Indicó que otro tema que llama la atención es el interés que ha demostrado la CFE de expandir su espacio de acción y llegar a comercializar gas natural, construir nuevos gasoductos y centrales para elevar la generación de este combustible, comprando más caro el energético en diversas naciones, cuando podría acudir a Estados Unidos a comprarlo más económico.
¿La CFE está dotada de capacidad operativa para llevar a cabo estas tareas de comercialización con gas natural?, preguntó la legisladora, y cuestionó: si la energía eléctrica está generada por gas natural y éste es más económico en el sentido precio-oportunidad, ¿las tarifas eléctricas disminuirán con este energético?, dudas que no fueron aclaradas.