Participa TEEM en mesa redonda sobre implicaciones de reforma política

MORELIA, Mich., 16 de octubre de 2013.- Ante la propuesta de crear un Instituto Nacional de Elecciones, académicos y autoridades electorales coincidieron en que, previo a la aprobación de la reforma política, es necesario valorar responsablemente todas las implicaciones que ésta traería a nuestro sistema político, ello durante el desarrollo de la mesa redonda “Democracia Representativa Electoral en México, ¡Federalista o Centralista?”, realizada en las instalaciones de la división de estudios de posgrado “Jorge Carpizo” de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México.

De acuerdo con un comunicado de prensa, durante el evento, mismo que se ha llevado ya a 19 estados de la República, la Magistrada María de Jesús García Ramírez, Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán habló sobre la importancia de hacer un planteamiento integral del tema y analizar todas las implicaciones de la centralización de la función electoral ya que, en principio, implicaría alejar la justicia electoral de los ciudadanos, contraviniendo la garantía de acceso efectivo a la justicia que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que México es parte, asimismo, sería contraria al nuevo paradigma de protección de derechos humanos que prevé el artículo 1º constitucional

Sin duda, los tribunales y salas electorales de la república mexicana han hecho grandes aportaciones a la evolución del sistema jurídico y democrático del país, evidenciando que, contrario a lo que se sostiene en la propuesta, sí nos tomamos en serio nuestra responsabilidad y ejercemos nuestras funciones con autonomía, independencia y absoluto profesionalismo.

Entre otras razones, planteó que la propuesta sería inviable en un sistema federal como el nuestro, pues de aprobarse, colocaría a la materia electoral en un caso de excepción en el que los justiciables sólo tendrían opción de acudir a una instancia federal en demanda de justicia, lo que en su concepto sería en detrimento del propio justiciable.

Por su parte, el ex Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Fernando Ojesto Martínez Porcayo destacó que el estado mexicano es un estado federal y, en caso de aprobarse la reforma política tal como está, es decir, ante la desaparición de los Tribunales e Institutos electorales, se reeditaría aquella lucha del siglo XIX en que se logró reconocer la soberanía en los estados.

Al respecto recalcó que “no podemos negarnos al hecho de que han sido los órganos locales los que han dado lugar a la transición democrática en el país; tampoco debemos perder de vista que han sido los órganos locales los que han hecho importantes aportaciones al sistema jurídico mexicano”.

En su momento, Zurisaddai Morales Avilés, Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca se refirió al caso particular de su estado, en el que se encuentra la mayor concentración de pueblos indígenas y consecuentemente de elecciones por usos y costumbres.

Ante tal caso, además de que el IFE estaría permanentemente organizando elecciones, debido a que cada grupo étnico tiene su temporalidad, habría cuestiones muy particulares que el órgano federal no podría resolver con normas generales, además de que la centralización alejaría la justicia de los ciudadanos.

Finalmente, Armando Vicenzio Álvarez, profesor de la facultad de derecho de la UNAM se refirió al actuar de los estados y destacó que ante este hecho, habría que esperar para ver de qué manera actuarán los Congresos de los estados permitiendo la vulneración de la soberanía en las entidades, o no.