No se pueden cambiar a ediles como si fueran estampitas

MORELIA, Mich., 29 de mayo de 2014.- Ante los conflictos políticos que ha provocado la designación de ediles provisionales en los municipios michoacanos, como Lázaro Cárdenas, la ley establece que se debe respetar el origen partidista del ayuntamiento, “pero no se puede negociar o cambiar (de presidentes) como si fueran estampitas”, señaló el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso Martínez Alcázar.

Al ser cuestionado sobre los avances para la definición de un alcalde que sustituya provisionalmente a Arquímides Oseguera en el municipio de Lázaro Cárdenas, el legislador explicó que el Partido de la Revolución Democrática tendrá que hacer la propuesta correspondiente, sin embargo el Congreso debe ser cuidadoso en nombrar un perfil que responda a los requerimientos de la ciudadanía y no “a lo que le interese a un grupo político o persona”.

El representante del Poder Legislativo, aseguró que ni a él, ni a ninguno de sus compañeros de la bancada del Partido Acción Nacional, le llegó la carta en la que presuntamente el alcalde porteño sugiere la propuesta de Nicolás Zapién como su sucesor temporal, misma que fue publicada en varios medios de comunicación durante este miércoles.

Consideró que “no es lo mejor visto” que se designe a un alcalde provisional propuesto por una persona que se encuentra prácticamente presa, pero aclaró que los legisladores no pueden vetar a alguien que tenga sus derechos políticos a salvo.

“Nosotros debemos tomar una decisión en base a lo que la ciudadanía quiera en Lázaro Cárdenas, tenemos que saber qué tan bien vistos son los perfiles ante los organismos empresariales, sindicales, y sobretodo el Cabildo, ya que si éste no está de acuerdo se podrían generar importantes problemas en el ayuntamiento” puntualizó.

Es de señalar que además del municipio de Lázaro Cárdenas, también el ayuntamiento de Apatzingán, Tacámbaro y Aguililla están encabezados actualmente por un encargado de despacho, debido a la aprehensión y juicios penales que enfrentan cada uno de los ediles, respectivamente.