No imponer un “toque de queda” en Michoacán, pide Barbosa

MORELIA, Mich., 20 de mayo de 2013.- El gobierno federal debe implementar una estrategia en seguridad pública con efectos determinados y no tratar de efectuar un toque de queda en Michoacán, lo cual no sólo sería arbitrario sino que denotaría que no existe un trabajo de inteligencia para combatir a la delincuencia, aseveró el líder de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Ángel Barbosa.

“Espero una estrategia que esté planteada a través de un esquema de inteligencia,  es decir que contenga un procesamiento de información que de manera ordenada puede llevar acciones de efectividad”, recalcó el legislador un día antes de sesione el Consejo Nacional de Seguridad en Morelia para dar a conocer en qué consiste el esquema que se implementará en Michoacán para contener la inseguridad.

“No queremos más desafíos a la autoridad desde el crimen organizado, por lo tanto queremos acciones de una efectividad determinada y que no se venga a implantar un toque de queda en Michoacán”, insistió el perredista.

El senador recalcó que para ser efectiva la estrategia en Michoacán esta debe venir acompañada de una serie de políticas en inversión pública, atracción e incentivos para de capital privado así como una programas sociales que  provoquen toda una mejora en las condiciones de vida de los michoacanos que se encuentran en situación pobreza.

“Queremos que el secretario de Gobernación, Osorio Chong, venga hablar de una estrategia de seguridad pública, admitimos que es necesario que esté llegando el Ejército, La Marina y la Policía Federal porque su presencia es necesaria, pero también queremos el anuncio de que llegan inversiones públicas y privadas en territorio michoacano”, explicó.

Asimismo consideró que en entidades como Tamaulipas, Coahuila y Durango también demandan de una atención inmediata, como el caso de Michoacán, por los elevados índices de inseguridad que presentan y la incidencia de evento violentos.

Del mismo modo, reclamó que el Senado desconoce cuál es la estrategia de seguridad que el gobierno federal implementará a pesar que existe una previsión legal sobre controles democráticos mínimos que obliga al Ejecutivo a notificar a la Cámara Alta sobre las acciones en Seguridad Pública, por lo que confió en que posterior a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, el Ejecutivo Federal informe a los senadores.