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MÉXICO, DF., 17 de julio de 2014.- Al referirse a la situación de los niños migrantes que transitan hacia Estados Unidos por el territorio mexicano, los diputados aliancistas Lucila Garfias Gutiérrez y René Fujiwara Montelongo afirmaron que se debe reconocer la dimensión humanista de la migración, más que un tema exclusivamente de seguridad nacional o un enfoque policiaco.
“Una visión humanista nos obliga a atender el problema a partir del reconocimiento y goce de los derechos fundamentales, más aún cuando se trata de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados”, aseveraron.
Los legisladores pertenecientes al Grupo Parlamentario Nueva Alianza (GPNA) hicieron énfasis en que el Instituto Nacional de Migración estima que cada año, alrededor de 40 mil niños y niñas que migran son repatriados desde Estados Unidos a México, de los cuales 18 mil viajan solos. Al mismo tiempo, en el 2007, 5 mil 771 niñas y niños centroamericanos fueron repatriados desde México a sus países de origen (entre ellos se encuentran Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua).
A través de una proposición con Punto de Acuerdo presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los diputados aliancistas exhortaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a elaborar un informe especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que viajan por el territorio nacional en su destino hacia la frontera con los Estados Unidos de América.
Lucila Garfias Gutiérrez y René Fujiwara Montelongo se pronunciaron por elaborar, planificar y ejecutar una política integral que dé respuesta a este complejo tema; en tal sentido, aseguraron que resulta necesario elaborar un diagnóstico claro, preciso y exacto que marque el panorama puntual en el que se encuentra el problema de la migración infantil.
Los datos, estadísticas, análisis, investigación y propuestas concretas que señalen las deficiencias y debilidades “en las que hemos incurrido como Estado mexicano, serán de utilidad para que las y los niños migrantes no acompañados puedan ser atendidos con prontitud y con ello garantizar la plena vigencia de sus derechos humanos”, externaron.
“Más que una ley para eliminar la migración infantil, se necesita la voluntad conjunta de todos los actores políticos para encaminar una política integral que sea eficaz y brinde los resultados que la comunidad internacional espera recibir de quienes tenemos que ver en esta crisis”.
En Nueva Alianza, subrayaron, tenemos la firme convicción sobre el irrestricto respeto a los derechos humanos; estamos ciertos de que la situación migratoria no debe ser un impedimento para que a las y los migrantes se les respeten sus derechos fundamentales. Consideraron que esta crisis humanitaria se ha convertido en un problema regional, debido a la ineficacia de gestión por parte de las autoridades competentes de los países involucrados.
A nombre de los integrantes del GPNA, manifestaron su preocupación “por la lamentable situación que guarda la atención de los niños migrantes”. Es por ello que propusieron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos elabore un informe especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes migrantes sin la compañía de algún adulto que viajan por el territorio nacional en su destino hacia Estados Unidos.
Indicaron que resulta fundamental asegurar que estos niños y niñas reciban un trato digno por parte de las autoridades, dado que están expuestos a sufrir graves violaciones a su integridad física y a sus derechos humanos, tales como tener accidentes, padecer de deshidratación o asfixia, ser enganchados a redes del crimen organizado, ser sometidos a explotación sexual o laboral, sufrir maltrato institucional en el momento de la repatriación o incluso a perder la vida.
Para Nueva Alianza, externaron los diputados, resulta preocupante que en este grave problema las y los niños no gocen del derecho humano a la educación, que a esa edad resulta indispensable para su sano desarrollo; así, los infantes ven interrumpidos los estudios regulares, lo cual frena sus posibilidades de progreso y, por consiguiente, no disfrutan de otros derechos básicos como el de la alimentación, la salud, vivir en familia, entre otros.
Garfias Gutiérrez y Fujiwara Montelongo destacaron que el Ejecutivo federal, a través del programa “Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Repatriados No Acompañados” implementado por el DIF, ha atendido entre 2007 y 2013 un promedio anual de 16 mil 800 niños, niñas y adolescentes que viajaban hacia el norte con la intención de internarse en los Estados Unidos, sin la compañía de un familiar adulto que se hiciera responsable de sus cuidados.
Concluyeron que si bien existe un vasto andamiaje jurídico nacional e internacional que busca proteger y garantizar el interés superior de la niñez, queda claro que estas normas están quedando sólo en el papel.