Michoacán, fuera de control político: Iris Mendoza

MÉXICO, DF., 24 de mayo de 2013.- La larga noche que se abate sobre el Estado de Michoacán lleva ya varios años; durante todo este tiempo la violencia se enquistó y entró en un estado de franca descomposición. La ofensiva de guerra – que luego dijo que no era guerra- de Felipe Calderón Hinojosa fue desastrosa: 6 años después, Michoacán se encuentra mucho peor en términos de violencia y fuera de control político.

De acuerdo a un artículo de opinión de la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, al problema de la violencia generada por el narcotráfico se le han venido a sumar grupos de auto defensas, que solo en algunos casos como son las rondas en las comunidades indígenas, integradas por ciudadanos honestos y avaladas por su propia comunidad y que quedan claros sus orígenes y razones de ser,  como es el caso de la comunidad de Cheran, donde un pueblo hastiado de la impunidad entre criminales y políticos tomó en sus manos las riendas de su gobierno  para constituir un proceso de autonomía y autogestión único en el país.

Hoy, como hace 6 años se habla de una “nueva” estrategia y de nueva cuenta las fuerzas armadas y las diversas policías son moneda de cambio con las que pretenden garantizar  que “ahora sí” se acabará la violencia y el caos. Pedimos a las Comisiones de Derechos Humanos en el ámbito federal y estatal que se mantengan vigilantes de las operaciones que realicen las fuerzas armadas en las diversas regiones del Estado y sean garantes de la preservación de los derechos humanos de toda la población.

La desigualdad social junto con la corrupción y la impunidad han formado un caldo de cultivo para organizaciones criminales constituidas en verdaderas estructuras de poder paralelas a las instituciones políticas, económicas y sociales.

En respuesta, se implementaron políticas de seguridad pública de control de la violencia y del crimen común y organizado mediante la frecuente aplicación de la fuerza de forma ilegal y arbitraria, desconociendo las obligaciones internacionales en materia de garantía de los derechos humanos.

A partir de una agenda de riesgos, carente de políticas de prevención del delito y de la violencia, se instrumentó una estrategia de seguridad pública, que vulnera derechos humanos y no toma en cuenta las preocupaciones de la ciudadanía.

En Michoacán sabemos por dolorosa experiencia que el uso de la fuerza por parte del Estado para combatir a la delincuencia organizada no es la solución, si no es acompañada con programas bien planeados para combatir la pobreza extrema, la marginación,  y la falta de oportunidades en educación y empleo, que han orillado a muchos de nuestros jóvenes a engrosar las filas de la delincuencia, que es indispensable solucionar con  diálogo y  acuerdos el pendiente que se tiene con los Maestros y los Estudiantes de las Escuelas Normales Rurales en el Estado. Que hay una grave desatención a los  miles de desplazados por la violencia y los michoacanos que emigran ilegalmente a los Estados Unidos; un desplazado interno es una persona o grupo que han sido obligados a abandonar su residencia habitual debido a factores como la violencia generalizada, las amenazas a sus vidas y sus bienes y por la violación sistemática a sus derechos humanos, estas personas se ven forzadas a huir para establecerse en otro sitio, abandonando sus casas y sus bienes y desarraigándose de sus costumbres y tradiciones. La narco cultura generalizada entre la población, es la muestra del impacto que los carteles de la droga están teniendo en la vida cotidiana de los michoacanos, esta exacerbación de la marginalidad ha impactado profundamente en los distintos sectores sociales, principalmente en jóvenes y niños, y se ha visto reflejada en una creciente tasa de descomposición familiar. Es pertinente abordar el tema del narcotráfico desde una perspectiva socio cultural, porque este fenómeno expande sus efectos hacia toda la sociedad.

La presencia de los contenidos en relación a la narco cultura en los medios de comunicación es una situación que debe debatirse ante la opinión pública, la responsabilidad y ética de los medios debe ser cuestionada: ¿Qué tan ético es que los medios lucren con una problemática social difundiendo sin control películas, series y programas que hacen apología del delito?, ¿Hasta qué punto debe regularse el contenido en los medios?, ¿Realmente se proporcionan las herramientas necesarias para que el público discierna de manera consciente y analítica la información que se le presenta?

Cifras oficiales de mayo del 2012 indican que de los cuatro millones 354 mil habitantes del estado, el 54.8 por ciento se encuentra en pobreza: 13.5 por ciento extrema y 41.3 por ciento moderada.

Ello se traduce en que miles de familias carecen de vivienda y servicios básicos, son analfabetas, se sostienen con ingresos menores a dos salarios mínimos y sufren de pobreza alimentaria.

Tomando como  base en un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), once municipios de Michoacán se encuentran entre los 500 con mayor nivel de marginación en el país, con altos niveles de pobreza alimentaria y patrimonial.

En el nivel de “alta marginación”, la Sedesol tiene registrados a 32 municipios en lugares que van del 406 al mil 239 en el contexto nacional, entre los que destacan Tiquicheo, Tuzantla, Tumbiscatío, Turicato, Chinicuila, Carácuaro, Madero, Charapan, La Huacana, Ocampo, Nahuatzen, Epitacio Huerta, San Lucas, Arteaga, Nuevo Urecho, Chucándiro, Tlalpujahua, Áporo, Contepec, Coalcomán, Huetamo, Jungapeo, Senguio, Tancítaro, Aguililla, Parácuaro, Huiramba, Ario, Chilchota, Salvador Escalante, Juárez y Acuitzio.

Michoacán requiere y merece un mejor futuro, con planes de largo alcance, que solucionen los problemas endémicos que se  padecen a la par de la inseguridad, un futuro al que aporten todos los sectores de la sociedad civil y el empresariado, para diseñar políticas públicas de corte social y con un anclaje financiero sano.

Indudablemente que el Estado mexicano está fallando a su obligación fundamental de dar seguridad a sus ciudadanos. Sin embargo, en este contexto de inseguridad creciente, el desarrollo sin control de las autodefensas significa un factor más de riesgo para agravar la falta de gobernabilidad.

La organización de grupos armados para hacer justicia por propia mano, aún cuando tengan un origen justificado, en todas partes del mundo, han terminado ligados a organizaciones criminales y atentando contra los derechos de sus propias comunidades.

Debe asumirse una estrategia de seguridad pública con la perspectiva de derechos humanos que exige nuestra Constitución en su artículo 21,en el sentido de ceñir la actuación de las instituciones de seguridad pública a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Urge en Michoacán una profunda depuración de la política, la penetración del narcotráfico en esta actividad generó una impunidad absoluta en poblados, comunidades y  regiones enteras del estado. Las fuerzas  políticas de la entidad tenemos el reto de devolver la confianza y la tranquilidad a los ciudadanos.

Darle la vuelta y evadir responsabilidades será un engaño más. La sociedad michoacana no se merece este destino, tampoco merece ser rehén del crimen organizado y de la impunidad, los partidos y los políticos somos responsables también de ello, afrontemos con responsabilidad y madurez este grave proceso.

Desde esta perspectiva de los derechos humanos, la aspiración debe consistir en alcanzar la seguridad humana, a partir de la satisfacción y protección que el Estado haga del conjunto de libertades y derechos fundamentales de cada uno de sus integrantes.

Michoacán es una mezcla de inspiración y sensibilidad; de arte, pueblos típicos, cultura y bellezas naturales, reconocido por sus vivas expresiones artísticas y su gente honrada y trabajadora. Si la marginación y la pobreza extrema son atendidas y erradicadas adecuadamente, la larga noche finalmente habrá terminado.