En tema del agua no hay tiempo que perder: Daniela de los Santos
MORELIA, Mich., 3 de julio de 2014.- Las dependencias del gobierno estatal y los ayuntamientos tendrán que destinar el dos por ciento de su presupuesto para atender las necesidades de movilidad, accesibilidad y desarrollo de las personas con discapacidad, una vez que se apruebe la nueva Ley de Discapacidad para Michoacán que este jueves fue dictaminada por las comisiones de Salud y Derechos Humanos del Congreso local.
De acuerdo al documento que será presentado al Pleno para su segunda lectura, discusión y en su caso, aprobación, las dependencias de la administración estatal tendrán un plazo de dos años para considerar dentro de su presupuesto los recursos equivalentes al dos por ciento de su monto total, para que sean aplicados en acciones a favor de la población con alguna discapacidad.
Modificaciones arquitectónicas para garantizar la accesibilidad para este sector de la población en los edificios públicos, así como la aplicación de programas y acciones, en materia de salud y educación, que promuevan su desarrollo destacan entre las principales obligaciones que establece el marco jurídico, además de la posibilidad de que los recursos sean utilizados en la elaboración de campañas para que las personas con discapacidad y sus familiares conozcan y exijan sus derechos.
Fue la mañana de este jueves que los integrantes de las comisiones de Salud y Derechos Humanos se reunieron para concluir el análisis y discusión de la iniciativa de ley, misma que tendrá su segunda lectura en una próxima sesión del Pleno Legislativo.
Por tal motivo, una vez aprobada la propuesta por la mayoría de los 40 diputados, entrará en vigor y los ayuntamientos tendrán un plazo de 180 días para crear los reglamentos correspondientes para su aplicación.
Actualmente son pocos los edificios públicos que cuentan con las rampas y accesos adecuados para facilitar el ingreso de las personas con discapacidad, principalmente para aquellos que tienen limitaciones motrices, incluido el Congreso del Estado, en el que actualmente se analiza la posibilidad de colocar un elevador en el patio principal a fin de facilitar el acceso a la planta alta, a este sector de la población.