MORELIA, Mich., 27 de mayo de 2016.- Pese a que desde el tres mayo el Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, hizo llegar un escrito al Congreso del Estado alentándolo a que tipifique el delito de tortura en el Código Penal, el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Bernardo Corona Martínez, duda de su existencia.

En cambio, para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nalleli Pedraza Huerta el documento no solo se recibió sino que le da plena validez ya que se recibió en los correos institucionales de los legisladores, creados por el propio Congreso del Estado, para recibir notificaciones.

El escrito está dirigido  al presidente de la Mesa Directiva, a cada uno de los integrantes de la Junta de Coordinación Política y a los presidentes de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, que este jueves tuvieron una reunión de trabajo unidas, durante la que surgieron diferencias en torno al documento.

No obstante, durante la reunión, Corona Martínez insistió en que él no lo recibió y que ya pregunto a las instancias correspondientes y tampoco lo recibieron, en tanto que Pedraza Huerta dijo que, con cierta pena, por poner en duda la veracidad del escrito, llamó a la oficina del Alto Comisionado para confirmar su legitimidad.

Las diferencias entre ambos legisladores del Partido de la Revolución Democrática fueron evidentes ya que mientras Corona Martínez exigió que el Alto Comisionado vuelva a enviar el documento a las instancias correspondientes, Pedraza Huerta le reclamó el burocratismo en el que está metiendo el tema.

El documento es por demás diplomático ya que dice, su objetivo es alentar al Congreso del Estado a adoptar en la mayor brevedad posible las reformas legislativas necesarias para tipificar el delito de tortura en la legislación del estado.

“La ONU-DH tiene conocimiento que el 17 de diciembre de 2014 fue aprobado por este H Congreso el decreto 355 por el que fue abrogado el Código Penal para el Estado de Michoacán, mismo que tipificaba el delito de tortura. En ese mismo decreto fue expedido un nuevo Código Penal que no tipifica el delito de tortura, lo que actualmente la tortura no está sancionada como delito en el estado de Michoacán”.

“Lo anterior es particularmente preocupante si se toma en consideración que la tortura es una violación grave a los derechos humanos que tiene el estatus de prohibición absoluta; esto es, que bajo ninguna circunstancia es justificable su práctica. De dicha prohibición absoluta deriva la obligación de los Estados de sancionar la tortura como delito…”.

En la reunión de trabajo de las comisiones unidas no se tocó el tema de dos iniciativas que hay en ese sentido, una presentada por la diputada presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Rosa María de la Torre Torres y la otra por el presidente de la Mesa Directiva, Raymundo Arreola Ortega.