Se compromete Mónica Valdez a ejercer recursos públicos sin corrupción
CIUDAD DE MÉXICO., 7 de mayo de 2014.- La diputada federal Dora María Talamante Lemas denunció el abuso y hostigamiento sexual como manifestaciones de género que suceden no sólo en la esfera doméstica, sino también en sitios de trabajo contra las mujeres, y urgió reformar las leyes para castigar con mayor severidad el delito que, en el 2012, alcanzó más de ocho mil casos en 258 dependencias gubernamentales.
Según un comunicado, este abuso, dijo respaldada por las cifras de la Secretaría de la Función Pública y del Instituto Nacional de las Mujeres, constituye una de las expresiones más evidentes de la distribución desigual y jerárquica del poder entre los hombres y las mujeres en la sociedad.
Por ello, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza (GPNA) propuso el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal para castigar el abuso y hostigamiento sexual con penas de seis meses a dos años de prisión, y multa de 200 a 500 salarios, “y si el hostigador fuese servidor público, además de las penas mencionadas, se propone la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar otro cargo en el gobierno”.
Dijo que como mujer y legisladora aliancista, cree firmemente en que se deben impulsar condiciones que garanticen el respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito social, laboral, educativo o económico.
Llamó a las 19 diputadas y diputados y 18 senadoras y senadores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a que sin distingos de clase, raza, género, religión o cualquier otra categoría, “garanticemos que las mexicanas y mexicanos, encontremos las condiciones que fomenten nuestro crecimiento y desarrollo, personal y profesional”.
La diputada federal, quien representa la tercera participación de Nueva Alianza en esta soberanía, expresó que si bien la violencia no es exclusiva de las mujeres, es significativo “que somos quienes más la padecemos”. Esta violencia no sólo se presenta en el ámbito familiar y privado, por lo que resulta incomprensible que el hostigamiento sexual esté sancionado con hasta 40 días de salario mínimo como multa, cuando el daño que se causa a la persona es de dimensiones descomunales, expuso.
Explicó que esto amplía la brecha entre el daño producido y el castigo recibido, contradiciendo, con toda claridad, el principio de proporcionalidad, previsto en el Artículo 22 constitucional.
Ante ello, la diputada Talamante Lemas, también secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, reiteró que son necesarias las reformas y adiciones al Código Penal Federal, para endurecer las sanciones, en primer término, del artículo 259 bis, con el fin de que se establezca pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 200 a 500 días de salario, y si el hostigar es servidor público, se le destituya del cargo y se le inhabilite para ocupar otro cargo público, homologando la sanción conforme a lo establecido en la fracción tercera, del artículo 266 bis del mismo Código.
Precisó que a efecto de combatir el desamparo en que se deja a la víctima de estos delitos, se propone suprimir como requisito para que el delito sea punible “el daño o perjuicio”, modificándolo a fin de establecer que la falta sea castigada cuando se realice con la amenaza de causar a la víctima un mal relacionado con su trabajo.
La legisladora propone incorporar un párrafo sexto al artículo 260 del Código, a fin considerar como agravante el daño causado cuando la víctima sea menor de edad, y adicionar a la fracción III del artículo 266 bis, la creación de un registro sistematizado de los servidores públicos que hayan incurrido en conductas de hostigamiento y abuso sexual, con el fin de instituir un “buro” público donde se lleve una relación de quien cometa este tipo de delitos.