Agua para todos en Sahuayo, propuesta principal de Santiago Picazo
MÉXICO, DF., 2 de agosto de 2014 Durante la sesión de hoy, diputados de los siete grupos parlamentarios fijaron su posicionamiento respecto al dictamen de la minuta que expide las leyes de Ingresos sobre Hidrocarburos y la del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y se reforman diversas disposiciones de la leyes Federal de Derechos, y de Coordinación Fiscal.
Previo a su aprobación en lo general, con 336 votos a favor, cero abstenciones y 114 en contra, legisladores del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza se manifestaron a favor del dictamen al señalar que el objetivo es maximizar la renta petrolera de México y transformar a Pemex en empresa productiva del Estado y que podrá competir de forma más equitativa.
Asimismo, que con las reformas se convertirán en un factor de desarrollo económico para el país, que genere empleo e inversión. Se regularán los ingresos que el Estado recibirá de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.
En tanto, diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y PT, se pronunciaron en contra al considerar que el marco fiscal y presupuestal no cambió y se privilegió la privatización de Pemex y el debilitamiento de las empresas del Estado en materia energética; además las reformas energéticas determinarán en qué medida México será parte de la futura seguridad energética de Estados Unidos.
En el posicionamiento del PRI, el diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández apuntó que la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos tiene “el objetivo estratégico de maximizar la renta petrolera de México” y transformar a Pemex en empresa productiva del Estado. “La libera de la camisa de fuerza de la burocracia para que compita con otras empresas y logre una rentabilidad justa”, aseveró.
Destacó que se asegura con un doble candado los recursos participables para estados y municipios; se garantiza el derecho al reparto de utilidades de las empresas de hidrocarburos y disminuye la carga fiscal de Pemex de 68 a 65 por ciento.
Es un cambio de fondo al tratamiento de los ingresos que obtenga el Estado mexicano provenientes de los hidrocarburos, para optimizar la administración y los beneficios, a fin de distribuirla con una perspectiva de largo plazo e impulsar un desarrollo sustentado, armónico y equilibrado de las entidades.