Instruyen a personal del Congreso sobre parámetros transparencia

MORELIA, Mich., 8 de octubre 2013.- Personal del H. Congreso del Estado de Michoacán y de la Auditoría Superior (ASM) se reunieron con autoridades del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIMICH) como parte de la capacitación para conocer los parámetros que serán medidos en el marco del próximo levantamiento de información de campo del estudio de la “Métrica de la Transparencia 2013-2014″, ejercicio que se realiza en todo el país.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la encargada de presentar los alcances y rubros a evaluar por el estudio fue la Consejera del ITAIMICH, Irma Nora Valencia Vargas, quien además dio a conocer los antecedentes de la Métrica de Transparencia de los ejercicios 2007 y 2010.

La consejera destacó que el objetivo de la Métrica de la Transparencia 2013-2014 es medir el grado de cumplimiento de las 33 leyes de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de las 31 entidades federativas, la capital del país y del Gobierno Federal, así como identificar las áreas de oportunidad y de mejora en la materia.

La información que arroje este nuevo estudio, señaló, deberá identificar las áreas de oportunidad en todos los órdenes y niveles de gobierno, así como observar características metodológicas que permitan comparar sus resultados con los obtenidos en la Métrica de la Transparencia 2010.

La consejera informó al personal de la LXXII Legislatura que la institución encargada de realizar el estudio será el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ello luego de que, por unanimidad, la Comisión de Evaluación e Indicadores de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) determinó que su propuesta cumplía ampliamente con los requisitos del proceso.

Los cinco aspectos que medirá la Métrica de la Transparencia 2013-2014 son calidad del marco normativo; calidad de la respuesta a través de un usuario simulado; cumplimiento de la información pública de oficio en los portales de internet; el flujo de trabajo de los sujetos obligados para responder las solicitudes de información, y las capacidades institucionales de los órganos garantes.