Inicia debate sobre dictamen de disciplina financiera en estados

MORELIA, Mich., 15 de marzo de 2016.- Durante la sesión de este martes, diversos senadores manifestaron su posicionamiento sobre el dictamen que expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y que reforma de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, por el que se establecen los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a los estados y municipios, así como a sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas.

Según un comunicado de prensa, de acuerdo con el dictamen, este nuevo ordenamiento prevé los principios generales en materia presupuestaria, de endeudamiento, transparencia, monitoreo y rendición de cuentas del uso de los ingresos y del ejercicio del gasto públicos de las entidades federativas y de los municipios, y reconoce la diferencia en el manejo de sus finanzas públicas y en el grado de desarrollo institucional de dichos órdenes de gobierno.

Asimismo, establece que los entes públicos de las entidades federativas y los municipios deberán cumplir las reglas de disciplina financiera, así como con la normatividad contable que les corresponda.

Además, genera un Sistema de Alertas que logrará medir el nivel de endeudamiento de los entes públicos que tengan obligaciones registradas, con lo que se identificarán las que cuentan que tengan endeudamiento elevado de los que han tenido un manejo moderado en el uso de los empréstitos.

Adicionalmente, se plantea que todo ente público tendrá la obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un Registro Público Único.

De aprobarse, fomentará la disciplina financiera, incluyendo el uso responsable del endeudamiento público y brindará a los estados, a la Ciudad de México y a los municipios, un mecanismo eficiente para acceder a un endeudamiento a costos más bajos, con lo que se fortalecerán las finanzas públicas de todos los órdenes de gobierno y se reflejará positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos, pues se instituirán las bases para un crecimiento económico sostenible en el mediano y largo plazo.

A nombre de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, el senador José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del PRI, apuntó que la nueva ley regula los empréstitos en estados y municipios.

Destacó que la deuda de los estados y municipios todavía no refleja un problema macroeconómico en las finanzas públicas nacionales; sí para algunos estados y debe entenderse para equilibrarse y que el ritmo de crecimiento pueda modificarse.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público subrayó que se regulan las circunstancias fundamentales para generar orden en el manejo de estos recursos y establece un registro general de deuda único para todas las obligaciones; pasivos que estarán involucrando en el tiempo recursos presupuestales de los estados y municipios.

Agregó que limita el acompañamiento del gobierno federal en la garantía o aval de futuros endeudamientos bajo la figura de la deuda estatal garantizada, los ingresos de libre disposición y los ingresos propios de los estados y municipios, más las participaciones congregadas en el rubro 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y la proporción de los fondos vinculados a la estabilización de los ingresos presupuestarios para las entidades federativas.

Precisó que en el dictamen se puntualiza lo que debe entenderse por Inversión Productiva: los recursos que generan beneficios a la población y que pueden manifestarse a través de tres rubros, que tienen que ver con la generación de infraestructura, la provisión de servicios vinculados a educación, salud y seguridad pública.

Dentro de las modificaciones que las comisiones dictaminadoras hicieron al dictamen, se destaca lo relativo a las referencias realizadas al Distrito Federal, cuales se sustituyen por Ciudad de México, en atención a la reforma constitucional en materia de la reforma política de la Ciudad de México, de este año.

Además, se modificó el artículo 26 para que las solicitudes de financiamiento que otorguen las instituciones financieras a través del proceso competitivo, también señalen las condiciones de disposición y oportunidad de entrega de recursos.

Asimismo se planteó elevar el porcentaje del techo de financiamiento neto autorizado para los entes públicos que cuentan con un endeudamiento sostenible, pasando del 10 al 15 por ciento.

Por otra parte, se consideró necesario modificar el primer párrafo del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, en congruencia con lo dispuesto en la reforma constitucional y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, haciendo referencia expresa a que la inscripción en el Registro Único de todas las obligaciones garantizadas o con fuente de pago con cargo a participaciones, se realiza de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de dicha Ley.

Se planteó eliminar la limitante de afectación de participaciones para las entidades federativas y los municipios en caso de que las obligaciones respaldadas con participaciones excedan el cien por ciento de los ingresos de libre disposición.

Respecto al régimen transitorio, se propuso incluir un segundo párrafo al transitorio décimo cuarto para condicionar el otorgamiento de la deuda estatal garantizada a que los estados y municipios estén al corriente en las obligaciones establecidas en los transitorios respectivos de la reforma constitucional.

En su voto particular, el senador Mario Delgado Carrillo del Grupo Parlamentario del PRD, mencionó que el objetivo del dictamen está equivocado. Dijo que los estados y municipios han abusado del endeudamiento, principalmente por la falta de transparencia en los contratos.

Además, subrayó que se acabó el federalismo fiscal por que se entrega a los presidentes municipales y gobernadores para que estén “prácticamente sometidos a la voluntad de Hacienda”. Agregó que se debe dar incentivos a los estados y municipios para que ya no se endeuden, así como acotar el uso de la deuda de corto plazo para que no pueda ser refinanciada, y no se permita en los años electorales.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PT, senador Manuel Bartlett Díaz, informó que su bancada votaría en contra del proyecto, debido a que se trata de una reforma que no toma en cuenta la desigualdad presupuestal entre la Federación y los estados, ni las responsabilidades crecientes de las entidades federativas que impactan a la hacienda pública local.

Asimismo, dijo que es una reforma antifederalista, pues habrá una distribución desigual de recursos, se otorgan más facultades al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda para intervenir en las finanzas de los estados en detrimento de las legislaturas y órganos fiscalizadores locales.

Por el Grupo Parlamentario del PVEM, el senador Luis Armando Melgar Bravo comentó que en materia de deuda se establecen medidas estrictas, para evitar que los entes públicos locales contraten financiamientos u obligaciones que atenten contra las finanzas.

De esta manera, agregó, se garantizará la adquisición de deuda únicamente en casos de necesidad extrema, bajo las mejores condiciones de mercado; ya no se permitirán prácticas irresponsables bajo ningún gobierno o entidad federativa, subrayó.

La senadora Dolores Padierna Luna, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que el propósito del dictamen, a pesar de significar una limitación al federalismo, se puede considerar como una medida necesaria ante el riesgo de que el gobierno federal tenga que asumir esas deudas en el futuro y acabaría pagándolas el pueblo de México, y agregó que se debería poner reglas al gobierno federal, en el tono semejante al establecido para los gobiernos estatales y municipales.

Subrayó que en la ley no se establece claramente las condiciones en que la Federación pudiera asumir la deuda de estados y municipios, además que no toma en cuenta las características de cada estado y clasifica los tipos de endeudamiento de acuerdo a las proyecciones federales que se estipulan para los estados y municipios. Asimismo, planteó que cada entidad tenga una auditoría para saber si la deuda realmente fue aplicada a gastos de inversión y no a gasto corriente.

El senador Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del PAN, resaltó que el dictamen considera medidas como el balance presupuestario sostenible, limita el ejercicio del gasto fuera del presupuesto, prevé fideicomisos para atender desastres naturales, incorpora la obligación de realizar estudios de factibilidad para los proyectos de inversión de impacto presupuestario y estipula la amortización de deuda como uno de los destinos de los ingresos excedentes.

Dijo que el interés del PAN es evitar que la sociedad tenga que responder por proyectos patrimonialistas de los gobernantes en turno. Desde la primera iniciativa que el PAN presentó en 2013, al cierre del año pasado, agregó, el endeudamiento de estados y municipios en el país, pasó de 434 mil millones de pesos a 536 mil millones de pesos; “nos hemos tardado más de 100 mil millones de pesos en completar esta legislación. Que no pase un día más pues cada día que pasa, le cuesta más a los mexicanos”.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Manuel Cavazos Lerma destacó que el crecimiento económico requiere de la estabilidad financiera de todos los órganos del Estado mexicano, de todas las dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Por eso, enfatizó, el objetivo del proyecto establece reglas y criterios, así como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, a los que se tienen que ajustar las entidades federativas y municipios para contratar deuda y alcanzar la disciplina financiera.