Indígenas, obligados a denunciar violaciones a sus derechos políticos

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de abril de 2016.- Manuel González Oropeza, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), convocó a los individuos, comunidades y autoridades indígenas a recurrir a la recién creada Defensoría Pública Electoral para Pueblos Comunidades Indígenas para presentar sus quejas en caso de que sientan vulnerados sus derechos político-electorales.

En la ceremonia de clausura de los trabajos del Foro Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, destacó que la participación de los invitados a las mesas de trabajo y de mujeres y hombres integrantes de los pueblos originarios de Oaxaca, demuestra el gran interés que se tienen por la nueva instancia, según se informa en un comunicado.

“Cuando hay interés, como lo hay aquí, ya tenemos la mitad del éxito y, sin ser triunfalistas, siendo realistas, sólo con ustedes podremos lograr algo, por eso es esta petición de que no descarten que cuando sus derechos sean infringidos en materia de participación política acudan al Tribunal Electoral, porque nosotros haremos nuestro trabajo, no sólo como funcionarios, no sólo como mexicanos, sino por la obligación que tenemos desde hace cientos de años de injusticia hacia las comunidades”, expresó.

Janine Otálora Malassis, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, se refirió al diálogo que se suscitó a través de las mesas de trabajo del foro, ya que no se puede hablar del establecimiento de acciones de defensa a los derechos políticos por parte de esta nueva institución si el actuar de los defensores no se basa en el diálogo con todos aquellos ciudadanos de las comunidades que acudan a solicitar sus servicios.

Al clausurar los trabajos del foro realizado en la ciudad de Oaxaca de Juárez, indicó que con las intervenciones de los asistentes conocieron sobre el entorno de las comunidades y sus sistemas normativos internos, y se aportaron ideas de lo que se puede hacer y de las acciones que se pueden empezar a emprender para lograr que esta Defensoría Pública Electoral cumpla su función.

Otálora Malassis reiteró que los miembros de las comunidades y pueblos indígenas pueden tener la certeza de que al acercarse encontrarán abogados profesionales, honestos, entregados, convencidos, que los van a escuchar y que van a llevar sus peticiones y sus conflictos en una demanda ante un órgano jurisdiccional, pero precisó que el objetivo principal es que no se judicialicen los asuntos, por el contrario, es que se logren acuerdos por medio del diálogo entre los involucrados.

“Quiero dejar muy en claro que el espíritu de los defensores no va a ser judicializar todos los conflictos, el espíritu de los defensores y esta lógica además del Tribunal Electoral es que el defensor primero trate de ver una conciliación dentro de la comunidad antes de que se llegue a un conflicto; no es porque este órgano forme parte del Tribunal Electoral que vamos a buscar el conflicto judicial, esa no es la finalidad de la Defensoría, buscaremos con los defensores primero una conciliación, una solución dentro de la comunidad”, puntualizó.

Finalmente, hizo una invitación a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas a acercarse a la Defensoría Pública Electoral para que de manera conjunta se vaya construyendo esta instancia que empieza con cinco defensores, pero que tiene como única finalidad la protección de sus derechos políticos.