Incrementó 142.11% el registro de violencia política de género: Fepade

MORELIA, Mich., 14 de mayo de 2016.-Un incremento del 142.11 por ciento en el último año experimentó el país en el registro de la violencia política de género, contra mujeres candidatas, funcionarias electorales o en mesas directivas de casilla, aseveró Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

De 38 casos observados en el periodo 2014 a 2015 se alcanzaron 92 eventos durante 2015 y 2016, una situación delicada que Nieto Castillo ha calificado como “uno de los grandes problemas de la democracia mexicana”.

Entre las manifestaciones de la violencia política de género, Santiago Nieto destacó la presentación de pruebas alteradas en contra de candidatas y el recrudecimiento de la violencia psicológica y física en contra de las funcionarias electorales, lo que se prevé atacar también como un obstáculo al ejercicio de las funciones electorales.

Refirió que, a pesar de que la FEPADE, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, creo un protocolo para la recepción y seguimiento de las denuncias por violencia política de género, es necesario que esta conducta sea tipificada como un delito para proveer a las mujeres de un entorno seguro para el ejercicio de sus derechos político electorales.

Otros delitos que comprometen los valores propios de la democracia son la intromisión de recursos de procedencia ilícita en los procesos electorales y la difusión inadecuada de los listados nominales de electores, situaciones que se reportaron en Tamaulipas y Veracruz, la primera, en tanto que la segunda, luego de la ubicación del documento disponible en la Internet en forma abierta, detalló Santiago Nieto.

Recordó que en tres supuestos se considera ilegal destinar, recibir o utilizar aportaciones en campañas, como cuando el monto de los apoyos supera el máximo tolerado, cuando se prohíbe legalmente el financiamiento, y en los casos en los que se presume el origen ilícito de los recursos.

Detalló que los pormenores de estos incidentes no pueden ser publicitados por estar en curso la investigación, aunque garantizo que se tratan con “absoluta” imparcialidad.

Asimismo, señaló la difusión de listados nominales de electores, lo que calificó como violación al derecho a la intimidad.

Agregó que las pruebas pericia les están en proceso para validar la autoría material de los hechos, que se sancionan con tres a siete años de prisión.