MORELIA, Mich., 20 de junio de 2015.- La Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tienen que redoblar las acciones para erradicar la proliferación del mercado ilegal de medicamentos, así lo consideró la senadora María del Rocío Pineda Gochi, del Partido Revolucionario Institucional.

La legisladora destacó que el titular de la Cofepris informó que aproximadamente 4 por ciento de los medicamentos que circulan en México es ilegal, lo que representa ganancias para los grupos delictivos de más 150 millones de dólares anuales.

Advirtió que además de erosionar la confianza del público en los sistemas de salud, la venta de estos productos apócrifos genera un alto riesgo para la salud, que va desde el fracaso terapéutico hasta la muerte, toda vez que contienen ingredientes incorrectos, cantidades insuficientes o excesivas del principio activo, o su envase es adulterado.

En un punto de acuerdo que se turnó a la Segunda Comisión de la Permanente, Pineda Gochi mencionó que la falsificación prolifera en las regiones en las que son más débiles los sistemas de reglamentación y control sobre el cumplimiento de la ley.

Dijo que en la mayoría de los países industrializados con sistemas de regulación eficaces –Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelandia, la mayor parte de la Unión Europea y los Estados Unidos–, la incidencia de medicamentos espurios de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación es inferior al uno por ciento del valor de mercado.

La senadora por Michoacán también comentó de enero-junio de 2014, la Cofepris decomisó casi una tonelada por mes de fármacos irregulares, entre los que destacan, con 71 por ciento, las muestras médicas, cuya compra-venta está prohibida por la legislación sanitaria.

Además, alertó que por la amplitud del fenómeno y ante las nuevas vertientes de la práctica, como la venta de medicamentos por internet, es necesario generar nuevas estrategias que permitan garantizar que los medicamentos que se venden en el país cumplan con las normas y medidas establecidas para la vigilancia sanitaria.