MORELIA, Mich., 2 de enero de 2011.- Ante la crisis de legitimidad de la democracia participativa y la ausencia de regulación de los mecanismos de democracia directa plasmados en la Constitución local, la gobernabilidad debe sustentarse en la participación ciudadana, afirmó el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raúl Morón Orozco. El representante popular, y uno de los principales impulsores del tema en el Congreso del Estado, se pronunció a favor de la recientemente aprobada Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Michoacán, pero también lamentó que no se hayan regulado otras figuras que él proponía, porque sólo se avanzó en las ya existentes en la Constitución Política de Michoacán, que son el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. Raúl Morón consideró que la participación ciudadana es un asunto prioritario en las transformaciones necesarias para consolidar un auténtico régimen democrático en la entidad, porque actualmente la sociedad está ausente e indefensa ante el poder político y fáctico que conforman entes muy influyentes que ni siquiera pueden controlarse a través del voto. Es necesario, consideró el también líder estatal de la expresión perredista Alianza por la Unidad Democrática (AUD), que la sociedad tome en sus manos, de manera muy corresponsable, las tareas de gobernar, y que contribuya en la generación, instrumentación y evaluación de las políticas públicas, y en general, que sea parte de aquellas decisiones que afectan su vida cotidiana. Por ese motivo, Morón Orozco se manifestó a favor del reconocimiento y la regulación de las figuras de participación ciudadana antes mencionadas, pero lamentó que no se hayan aprobado otros mecanismos que calificó de “novedosos y necesarios”, como las contralorías ciudadanas, la revocación de mandato, los procesos de presupuesto participativo, los consejos consultivos, los comités comunitarios y de planeación, las asambleas populares y las audiencias públicas. A juicio del diputado del PRD, todos esos mecanismos podrían contribuir a legitimar la gestión del gobierno y a consolidar una nueva cultura de participación que enriquecería la democracia representativa, haciendo a la sociedad corresponsable en la formulación de políticas públicas en la toma de decisiones del gobierno.