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MÉXICO, D.F., 15 de agosto de 2013.- La senadora del PRD, Iris Vianey Mendoza gestionó ante las autoridades de la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores la realización de una investigación inmediata sobre la presunta participación política de una empresa canadiense en una movilización registrada en el estado de Morelos.
De acuerdo a un comunicado de prensa, la legisladora precisó que “el pasado día tres de julio solicité a los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Osorio Chong y José Antonio Meade, una investigación inmediata sobre la denuncia que personas de Morelos hicieron en relación a un evento político celebrado el día 19 de Junio, ya que durante una protesta ciudadana de los trabajadores de la comunidad de Tetlama, Morelos, asalariados de la minera canadiense Esperanza Silver en el Zócalo de Cuernavaca, se lanzaron advertencias y amenazas contra el gobernador del estado y contra activistas, académicos y antropólogos adversos a los trabajos de Esperanza Silver”.
En dicho evento según testimonios gráficos entregados ya a las autoridades mencionadas, se observan a presuntos empleados canadienses de la minera Esperanza Silver alentando dicha movilización ciudadana motivo por el cual, Iris Vianey Mendoza consideró que esta acción resultaría gravísima dado que las leyes mexicanas restringen totalmente la posibilidad de acciones políticas de este tipo, más aun cuando se planteó en dicha movilización, amenazas contra el gobernador Graco Ramírez, activistas y arqueólogos.
“Hoy queremos darles a conocer que por instrucciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se giró el oficio número DGAG/211/0254/2013 firmado por Miguel Ángel Pérez Ochoa, director General Adjunto a Antonio Ramírez Acevedo, director General de Control y Verificación Migratoria, donde se le plantea atender esta queja presentada.
Así mismo, Pérez Ochoa, envía otro oficio a Juan José Camacho López, director general de Desarrollo Minero, de la Secretaria de Economía para los mismos fines.
Es muy importante subrayar que con estas acciones se abre un expediente de investigación gubernamental sobre estas acciones denunciadas. Aun no conocemos de los resultados de las investigaciones de los funcionarios aludidos.
Sin embargo se sienta el precedente contra una empresa trasnacional que ha violentado, al menos en el expediente relativo al Instituto Nacional de Antropología e Historia, normas y procesos internos para favorecer sus trabajos de explotación en el cerro del Jumil. Recordemos el testimonio del Dr. Paul Herch escrito en la revista electrónica Bajo el Volcán, donde señala “El 28 de julio del 2008, un compañero investigador adscrito a la Sección de Arqueología del Centro INAH Morelos, entregó el peritaje con dictamen que le fuera encomendado expresamente a él y a otra colega por el entonces director de nuestro centro de trabajo, como resultado del recorrido de superficie llevado a cabo en los terrenos de referencia del proyecto de minería a tajo abierto de la empresa canadiense “Esperanza Silver” (“La Esperanza 2ª fase”), mismos que ocupan el cerro “El Jumil” y aledaños en el municipio de Temixco, conurbado con Cuernavaca.
El dictamen referido establece claramente la existencia de vestigios arqueológicos relevantes en dicho cerro, como parte del conjunto arqueológico de Xochicalco, del que dista cerca de tres kilómetros en dirección este, comunicando expresamente la improcedencia de llevar a cabo trabajos de explotación minera ahí, debido a la pérdida de patrimonio arqueológico que dicha iniciativa extractiva implica.
“Bueno, pues eso informaron por escrito los colegas arqueólogos en 2008. Y les firmaron su oficio de recibido. Sin embargo, al parecer, a la empresa canadiense no le gustaron esas conclusiones y entonces, apoyada o no por quien estaba entonces o después a cargo de la Delegación Morelos del INAH, recurrió directamente a la ciudad de México para tramitar ahí una realidad arqueológica más conveniente para sus planes” refirió la legisladora.
Afortunadamente para Morelos, el INAH finalmente reconoció el trabajo de 2008 y fue factor central para evitar que SEMARNAT aprobara la Manifestación de Impacto Ambiental de Esperanza Silver.
Hay que añadir otro elemento de relevancia a considerar, y es que las concesiones mineras de La Esperanza Silver en torno al Cerro del Jumil abarcan 15,025 hectáreas, divididas en 7 secciones colindantes entre sí. Cuenta con los Títulos de Concesión Minera Números 215624, 220742, 228265, 231734, 234011, 234755 y 234784, otorgados por parte de Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Esto implica que el Jumil es simplemente la punta de la flecha de la iniciativa.La poligonal que delimita el predio para el proyecto minero Mina Esperanza, Tetlama, Morelos, tiene una superficie de 6´969,200.00 m2 (696.92 hectáreas) .
El proyecto global involucra directamente a diversas comunidades –entre ellas la colonia Las Palmas de Alpuyeca y los asentamientos de Xochicalco , Unidad Morelos y Xochitepec- al abarcar concesiones del subsuelo incluso debajo de asentamientos humanos.
Es decir estamos ante el inicio de un gran conflicto social en Morelos, dado que la empresa canadiense aún puede presentar sus estudios de impacto ambiental en otras 6 secciones colindantes.
Hoy ante los habitantes de Tetlama opositores a este mega proyecto, reiteramos nuestro apoyo y solidaridad con su lucha digna y valiente, hacemos un llamo al gobierno del Estado a trabajar con suma delicadeza e institucionalidad sobre los apoyos y programas destinados a esta comunidad, podría ser una paradoja terrible que a la minoría de ciudadanos que lucha por la preservación del medio ambiente y por las generaciones futuras, se le relegara de estos beneficios, acatando mayorías en asambleas comunales, ejidales y generales.
Hacemos un llamado al Presidente Municipal de Temixco, militante también de nuestro partido, para que se asuma una responsabilidad institucional y deje de solapar actividades de amenazas y hostigamientos por parte de la empresa minera contra nuestros compañeros. Estaremos atentos a esta situación.
Finalmente en el caso de los compañeros de Tepoztlán, reiteramos el llamado que hemos hecho para que las autoridades federales y estatales entablen una mesa de dialogo con los pobladores y comuneros inconformes. La cerrazón y las amenazas de soluciones penales solo abonan a incrementar la tensión, un gobierno democrático no puede eludir el dialogo con sus opositores, un gobierno democrático no puede imponerse por la vía de la fuerza.