Garantizar empleo y salario mínimo evitaría migración

MÉXICO, DF, 22 de julio d 2015.-  Funcionarios, legisladores, especialistas y académicos expresaron la necesidad de salvaguardar los derechos humanos de los migrantes; legislar para un retorno voluntario; reforzar los acuerdos regionales; impulsar una coordinación interna y externa de los países de origen y destino, y fortalecer un mercado laboral regional, así como crear las condiciones necesarias para consagrar lo establecido en la Ley de Migración.

De acuerdo a un comunicado de prensa, participaron en la mesa “Contexto regional de la movilidad humana”, del Diálogo Interparlamentario México-Ecuador. Los retos de la Movilidad Humana en el siglo XXI, organizado por la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, diputada Amalia Dolores García Medina (PRD), indicó que uno de los grandes retos para impedir la migración de las personas es que sus lugares de origen les garanticen condiciones de vida y desarrollo humano que les permitan tener empleo y salario digno, acceso a la salud y educación.

Durante el gobierno del presidente estadounidense Barack Obama, señaló, 2 millones de mexicanos han sido deportados a México, por lo que el reto es que en su retorno se garantice su reinserción social y un empleo en condiciones económicas sanas, lo que requiere políticas públicas eficaces.

Sin embargo, García Medina aclaró que un país no puede sólo, es un asunto que tiene que ser compartido, tiene que haber una visión regional y valores universales que sean el eje para la toma de decisiones.

El titular de la Unidad de Política Migratoria y encargado de despacho de la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Omar de la Torre de la Mora, dijo que existen 30 millones de méxico-americanos en Estados Unidos que producen 780 mil millones de dólares, por lo que serían la economía 24 a nivel mundial de separarlos del vecino país del norte, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Por el contrario, enfatizó, México es una de las naciones con menor número de extranjeros en el mundo, ya que representan sólo el 1 por ciento y si de estos se restan los de origen mexicano, 650 mil, “nos quedamos con 350 mil que son únicamente de origen extranjero, es el porcentaje más bajo que registró la OCDE”.

Precisó que de 2007 al 2014 hubo 3.5 millones de repatriaciones, mientras que entre uno a un millón y medio de personas regresaron al país por vía forzada, esto implica que las deportaciones crecieron del 20 al 78 por ciento. “Es un fenómeno brutal que hoy enfrenta México y que obliga a atender y cambiar totalmente la perspectiva de migración”, apuntó.

En materia de tránsito, mencionó, se han registrado terribles sucesos como el caso de las 72 personas asesinadas de San Fernando, Tamaulipas, lo que se suma a las víctimas de “La Bestia” y al número de niñas y niños que cada día intentan cruzar.

Ante ello, planteó, “es indispensable legislar para un retorno voluntario, lo que significa replantear las diversas situaciones que envuelven a la migración desde lo local”.

Es necesario, agregó, tener corresponsabilidad entre los tres poderes de la unión con los gobiernos estatales y municipales, empresarios y la sociedad civil en general, para después crear una agenda de prioridades en torno al tema, incluso generar una corresponsabilidad a nivel continental.

De la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la investigadora y académica Cecilia Imaz Bayona precisó que en la migración irregular o indocumentada, a pesar de que juega un papel importante en sectores básicos de la economía, la mayoría de los países han instrumentado medidas excluyentes y discriminatorias.

Tales medidas, además de conflictos armados y violencia extrema en varias partes del mundo, han ocasionado crisis humanitarias como la muerte de migrantes en fronteras marítimas y terrestres; el éxodo de menores no acompañados, el incremento en el tráfico y trata de personas, y la desunión familiar causada por las deportaciones masivas, abundó.

Precisó que en el mundo existen alrededor de 82.3 millones de migrantes en la región sur-sur y 81.9 millones en la categoría sur-norte; ambas modalidades representan el 65 por ciento de la migración mundial, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Mientras, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 50 por ciento de los migrantes de países en desarrollo a nivel global vive en otras naciones en las mismas condiciones. A su vez, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que en el 2012 había 4.8 millones de migrantes intrarregionales en ambas zonas.

Destacó que aunque no se asemejan nuestras regiones a lo que ocurre actualmente en Turquía y en otros países donde han arribado en busca de asilo ciudadanos de Afganistán y Somalia, en América Latina se estima que hay 10 millones de personas en situación de apátridas luchando por tener una nacionalidad.

Imaz Bayona precisó que en la situación general de los migrantes de la región destaca la exclusión social. Se calcula que hay 17.2 millones de personas en Centroamérica en este escenario a falta de un trabajo formal, educación y seguridad social, lo que además limita el crecimiento de la economía de las naciones involucradas y atenta contra la integridad de las y los migrantes en situación irregular.

Debemos entender, dijo, que los migrantes son un potencial de trabajo y generación de riqueza; representan una aportación de conocimientos, habilidades y mano de obra que puede ser mejor aprovechada, por lo que es indispensable reforzar los acuerdos regionales e impulsar una coordinación interna y externa de las entidades de los países de origen y destino.

Por el contrario, añadió, estos sectores sufren el abandono del Estado, los coloca en situación de exclusión y frena, a su vez, el desarrollo de la economía de la región, por lo que la elaboración de políticas regionales adoptada en el marco de un sistema de integración es básica para generar los derechos de los migrantes, ya que, de acuerdo al Banco Mundial, de cada 100 centroamericanos que han emigrado al menos 14 se dirigen a países de la misma zona, por lo que “es necesario impulsar un mercado laboral regional”.

En su intervención, la coordinadora regional para las Américas de la Coalición Internacional sobre la Detención, Giselle Bonnici, indicó que actualmente uno de los retos para la movilidad humana es la situación de la detención, sobre todo cuando en los últimos 20 años privar a una persona de su libertad es una medida que ha sido utilizada por un gran número de países como México, Estados Unidos y Canadá.

Señaló que la detención migratoria tiende a ser arbitraria y poco efectiva para el logro de los objetivos estatales legítimos, porque no desalienta la migración; al contrario, expresó, la detención migratoria tiene efectos negativos en el comportamiento y estado anímico de las personas, afecta su salud emocional y física, provoca sentimientos de tristeza, ataques de enojo, frustración, depresión, estrés postraumático y pensamientos suicidas.

Ante ello, explicó, se requiere crear una conciencia de que al establecer políticas y prácticas migratorias de detención estamos dañando la salud física y psicológica de las personas. En tanto, agregó, el Comité de los Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura han reconocido que la detención migratoria puede convertirse en un trato humano cruel y degradante.

En tanto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos menciona que los estados no pueden privar de su libertad a niñas, niños y adolescentes por motivos de la situación migratoria irregular de sus padres.

Por su parte, el investigador y académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Carlos Heredia Zubieta, comentó que los migrantes no son prioridad para el Estado mexicano, pues se deben construir condiciones para consagrar lo establecido en la Ley de Migración y que las medidas puedan ser eficaces. “Esa es una de las grandes carencias que hay, no lo hemos tomado como una prioridad estratégica del Estado mexicano”, agregó.

Aseguró que los trabajadores centroamericanos han enviado a sus países de origen 124 mil millones de dólares, mucho más que el Producto Interno Bruto (PIB) de esta región, “de manera que el mejor negocio para las oligarquías es la exportación de pobres”.

Mencionó que la reacción de México ante esta situación no está a la altura, “necesitamos acciones urgentes para hacernos cargo de lo que significa la violencia estructural hacia los migrantes y la ausencia de mecanismos oficiales para su protección, sobre todo de las niñas y niños migrantes”.