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MORELIA, Mich., 10 de abril de 2016.-El sistema de vigilancia al tráfico, basado en el uso de radar y cámaras automáticas e instantáneas para detectar algunos tipos de infracción al reglamento de tránsito implica riesgos para la población, afirmó Roberto Pantoja Arzola.
De acuerdo a información de un comunicado, durante una entrevista, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), indicó que, si bien tal sistema tiene algunas ventajas, éstas se diluyen por los mecanismos para instalar el sistema. Explicó que, al concesionar el sistema a una empresa privada, el Ayuntamiento de Morelia somete a la ciudadanía a una dinámica de ganar perder, en la que ésta es la que pierde y la empresa la que gana.
“Una empresa privada buscará recuperar la inversión y obtener utilidades en el corto plazo, y eso colocará a los automovilistas en una situación de desventaja; ¿quién garantizará que los sistemas estén bien calibrados para no señalar a automovilistas que estén ligeramente debajo del límite de velocidad? De acuerdo con Pantoja Arzola, ya existen algunos testimonios en lugares en que existe el sistema sobre irregularidades importantes, como multas sobre una infracción cometida un día en que el automóvil en que se cometió la supuesta falta no salió.
También hay casos de hasta tres multas, con distintas fechas, sobre una misma infracción. Incluso se ha documentado el caso en que una persona operaba un radar y una cámara para hacer fotomultas. De hecho, recordó que el artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal, en su segundo párrafo, impide que el Ayuntamiento concesionen los servicios de seguridad, tránsito y policía preventiva. Precisamente, apuntó, ese candado en la Ley Orgánica busca proteger a los ciudadanos de acciones arbitrarias generadas por el objeto de toda empresa privada: obtener utilidades y generar capital; “los ciudadanos no tenemos por qué financiar el enriquecimiento de particulares”.
Entre las ventajas del sistema de fotomultas, mencionó que hacen más seguro el tránsito, porque ordena a los automovilistas, despersonaliza la vigilancia del reglamento, lo que reduce la corrupción, y genera un ingreso para el Ayuntamiento que puede emplearse en mejorar las vialidades o en obras sociales.
“Pero la experiencia, desgraciadamente, es otra; al concesionarse a una empresa privada se da pie a que se cometan irregularidades, se obliga a los ciudadanos a financiar el enriquecimiento de particulares, las entradas para el Ayuntamiento son menores, y los niveles de corrupción son tan grandes que el beneficio social y urbano sería mínimo”.
Hasta ahora, dijo, el presidente municipal no ha explicado cómo se podrán defender los ciudadanos de cobros falsos y de otras irregularidades en su contra. “Es un problema serio pues terminará (el sistema de fotomultas, generando más perjuicios que beneficios”.