Exigen comunidades indígenas consulta para nueva Ley Orgánica Municipal

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), movimiento indígena estatal conformado por las comunidades originarias de Santa Fe de la Laguna, Naranja de Tapia, Caltzontzin, Pichátaro, Zirahuén, Sevina, Capácuaro, Tiríndaro, Turícuaro, Urapicho, Angahuan, Uricho, Pamatácuaro, San Ángel Zurumucapio, Zopoco, Cuanajo, Comachuén, Cocucho, San Felipe de los Herreros, Sicuicho, Cherato, Cheratillo, Oruscato, 18 de Marzo, Apo del Rosario, San Lorenzo, Comunidades del Sur, Tacuro, Corupo, Nuevo Zirosto y Ostula, declaramos lo siguiente:

El CSIM es un consejo autónomo y apartidista, baste decir que las comunidades de San Felipe de los Herreros, Urapicho, Pichátaro, Cherato, Cheratillo, Oruscato y 18 de marzo, todas integrantes del Consejo Supremo, dijeron no a todos los partidos políticos y no permitieron la instalación de casillas en el pasado proceso electoral, así mismo, lo conformamos comunidades históricamente combativas como lo es el caso de Santa Fe de la Laguna, Ostula, o Caltzontzin, entre otros ejemplos, por lo que rechazamos categóricamente, cualquier cobarde y falsa acusación de estar integrados la partidocracia mexicana.

Al Gobierno del Estado de Michoacán, debido a la falta de atención hacia los pueblos originarios, lo emplazamos para que el CSIM sea atendido directamente por el gobernador a mas tardar en 8 días, lo anterior, en la inteligencia de que comunidades que integran el Consejo Supremo, ya lo ha solicitado por escrito en distintas ocasiones, sin que hasta la fecha haya siquiera una contestación, de no existir respuesta favorable, ejerceremos el derecho de manifestación al interior y exterior de nuestros ancestrales territorios.

Al Congreso del Estado de Michoacán, le declaramos que de no consultar a las comunidades originarias en la nueva Ley Orgánica Municipal que se encuentra elaborando, estará violando los tratados internacionales en materia de consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas, así como la propia Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado, por lo que presentaremos los recursos legales que correspondan en su contra. Desde nuestras comunidades, les decimos que las comunidades originarias, exigimos se legisle para la entrega y administración del presupuesto directo.

Finalmente, en un contexto de represión y criminalización de la protesta social, hacemos responsable al gobierno federal y al gobierno del estado, de cualquier atentado a la integridad física y psicológica de todos los integrantes del Consejo Supremo, en el entendido de que ya existen represiones y amenazas previas hacia nuestra organización.

¡Tangorhetinche iámendu ambé úsïndi úkorheni!
¡Unidos todo es posible!

*22/Abril/2016