Exige Fidel justicia por homicidio de Osbaldo Esquivel

De acuerdo con un comunicado de prensa, en reuniones realizadas este fin de semana en los municipios de  Buenavista, Aguililla y Coahuayana,  señaló que considerando que el comisionado  para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán,  al tener  un colaborador directo al frente de la PGJE y al ser un enlace con la Procuraduría General de la República (PGR), debe profundizar y acelerar la investigación con el propósito de que se haga justicia y ese crimen quede satisfactoriamente aclarado.

Calderón Torreblanca también exigió justicia para María Mariscal Magaña,  regidora del PRD en el ayuntamiento Buenavista,  quien desapareció en diciembre de 2013.

En la reunión de Buenavista estuvieron presentes, entre otros, Leonardo Guzmán Mares, diputado local por ese distrito, Estanislao Beltrán  Torres, comisariado Ejidal del Guayabito  y comandante de la Fuerza Rural,   Miguel Escamilla, líder social, así como regidores del Ayuntamiento, jefes de tenencia, encargados del orden  y el presidente de la Asociación Ganadera.

El asesinato se dio unos días después  que el diputado Esquivel Lucatero había denunciado ante Miguel  Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, el grave acoso del narcotráfico que se vivía en el distrito que representaba, donde todos los días había decenas de acribillados que no reportaban las autoridades.

Ese atentado contra los Poderes Constitucionales establecidos en el estado, sigue impune y no sólo el Congreso del Estado fue agraviado, sino que hay familias que claman justicia.

Recordó que el actual  secretario de Gobierno,  en aquel entonces responsable de la investigación, Marco Vinicio Aguilera Garibay, el mismo día del asesinato del diputado Esquivel Lucatero, se apresuró  a declarar que el móvil del crimen fue el asalto; sin embargo, al diputado no le robaron el automóvil, la cartera ni el teléfono.

Dos días después del homicidio, el 13 de septiembre de 2013,  Calderón Torreblanca, en entrevista con los medios de comunicación,  manifestó que la teoría del asalto no podía ser aceptada y  expresó que sólo “alguien que está mal de sus facultades mentales” podría considerar esta idea.

Dijo que la tarea de las autoridades es establecer el móvil del delito y detener a los responsables intelectuales y materiales, por lo que desechó esa explicación.

Unos días después del  asesinato  del legislador, oriundo de Buenavista y emanado el PRD,  murió de forma violenta el periodista Pablo Madriz Rojas, uno de los principales testigos presenciales  del crimen, tras acudir a la PGJE a declarar y participar en una reconstrucción de hechos.

La Fracción Parlamentaria del PRD  del Congreso del Estado, desde el día del crimen, consideró  el asesinato como un atentado a los Poderes Constitucionales establecidos en el estado, que vulneran las instituciones democráticas e inhiben la participación política y social de los michoacanos.

También exigió que se abriera una investigación en donde  tomarán parte las autoridades federales, ante la posibilidad  de la participación del narcotráfico, toda vez que el legislador en vida alzó la voz en repetidas ocasiones para exigir que se atendiera de manera urgente la inseguridad en la región de su distrito.