Evitar obras inconclusas, objetivo de la Ley de Obras Públicas

MORELIA, Mich., a 11 de diciembre de 2014.- Debido a que la vigente Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán y sus Municipiosha demostrado en la práctica ser un freno, e incluso en algunos casos, un severo obstáculo para el desarrollo de la obra pública en la entidad, es necesario revisar dicho ordenamiento, confrontándolo con la realidad a la que pretende regular, expresó la diputada Daniela de los Santos Torres.

Según un comunicado, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda del Congreso del Estado dijo que no debe soslayarse que la obra pública es de las actividades que resultan prioritarias y que a la administración pública debe exigírsele eficiencia y claridad en los procedimientos en los que estén incluidos los particulares, y en los que se beneficie a la sociedad en general.

Al razonar su voto a favor del dictamen mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán y sus Municipios, señaló que ese ordenamiento padece de múltiples vacíos que conllevan problemas para su aplicación, lo que genera incertidumbre tanto a los servidores públicos como a los propios industriales del sector de la construcción.

De los Santos Torres dijo que con las modificaciones se pretende transparentar los procesos de concurso, licitación y adjudicación para la contratación de obras y servicios relacionados con la misma por parte del Gobierno del Estado.

Hizo especial mención a la propuesta de incorporar en el marco de la Ley la conformación y participación de un Comité de Obra Pública, lo que obedece, dijo, a la necesidad de que los procesos sean llevados con la mayor claridad posible a fin de que se garantice la imparcialidad y el sano criterio de las personas involucradas en este proceso.

En este rubro, dijo,“no debemos omitir el precedente que en la gestión gubernamental inmediata anterior, mediante acuerdo publicado el día 11 de marzo del año 2011 en el periódico oficial del Estado, se instituyó la creación del Comité de la Obra Pública del Estado de Michoacán, mismo que al encontrarse aislado, se tornó inoperante, por lo que debe buscarse su incorporación en la propia Ley en la cual habrá de mantener vigente su actuar”.

En su exposición señaló que debe ser un imperativo el que los recursos que se destinen para la ejecución de las obras sean suficientes, por ello, se propone adicionar la parte conducente a fin de evitar obras inconclusas, falta de pago a contratistas o inversiones estériles, “esto dado que en la actualidad solo se prevé la disponibilidad del recurso más nunca su suficiencia”.

Destacó que también se propone fortalecer el desarrollo institucional, a través de la modernización de la administración pública, mediante la incorporación de tecnologías, así como sistemas y procesos institucionales, a fin de garantizar la eficiencia y calidad del quehacer gubernamental, en lo que“Michoacán no puede quedarse al margen”.

La legisladora del PRI aseveró que es momento de dar el paso para hacer más eficiente ese quehacer gubernamental, “promoviendo la reforma que permita efectuar licitaciones a través de medios de comunicación electrónica, acordes a los tiempos que se viven”.

Al pedir a sus compañeros legisladores la aprobación a las modificaciones a la Ley en mención, expuso que éstas son resultado de meses de estudio y análisis en busca de dotar a Michoacán de un ordenamiento legal que mejore la calidad y transparencia de la obra pública en todas sus etapas.

Apuntó que en esa búsqueda de que en la contratación de la obra pública y los servicios relacionados con la misma que se realicen, se pretende asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Otros aspectos que destacó, son la incorporación del ajuste de costos y gastos de financiamiento; periodo de residencia mínima para el contratista en el Estado de Michoacán; la protección de datos; la accesibilidad y el cumplimiento de las normas de diseño y señalización que se emitan para las personas con capacidades diferentes; la formalización de la figura del residente de obra; un catálogo de conductas sancionables; incremento de las sanciones por violaciones a la ley, entre otras.