MORELIA, Mich., 13 de enero de 2014.- El respaldo no se hizo esperar.
Apenas dos horas que Osorio Chong y Fausto Vallejo, advirtieran a los grupos delincuenciales que “ni tolerancia ni complacencia, ni consideración”, el hangar de la Policía Federal abría espacio para recibir una decena de helicópteros para reforzar la seguridad de tierra caliente.
No sólo serán los 250 millones de pesos que anunció Osorio Chong para resarcir la pérdida del tejido social en aquellas zona de conflicto, serán más armas, más hombres, más recursos…más Estado.
A parecer, el representante del presidente Peña Nieto no vino a una reunión más.
Vino a fijar líneas operativas, a trazar rutas, a imponer condiciones para un nuevo orden en la lastimada tierra caliente michoacana.
“El gobierno federal se hará cargo de la protección de la población de los habitantes de la zona”, prometía el encargado de la política interna nacional.
Apenas se plasmó la firma del ejecutivo estatal, Fausto Vallejo y del citado, cuando justificó la ausencia de las fuerzas federales durante las cruentas horas de combate en la zona.
“Como gobierno debemos ser respetuosos de la ley y la firma de este documento nos permite la acción en la zona”.
La estrategia es conjunta y coordinada.
El gobernador Vallejo hizo lo propio: trasladar el Ejecutivo a Apatzingán, no permanente, pero sí intermitentemente.
Y es que ambos gobiernos vieron con preocupación la pérdida del Estado de Derecho por los violentos sucesos de la semana subsecuente.
La cuna del constituyente del 57 fue mancillada, pisoteada, vulnerada.
“El de Michoacán es un problema sin paralelo ni precedente en el país. Las condiciones políticas, sociales y económicas permitieron la descomposición del tejido social que dio pie a que la delincuencia, la inseguridad y la violencia se incubaran durante los últimos 10 años”.
Con esta exposición, Osorio justificó el nacimiento y desarrollo de las autodefensas, producto de la frustración a los reclamos de justicia.
Y, sin embargo, va al armario para reponer: “Los emplazamos para que regresen a sus casas, trabajos comunidades”, con la promesa de que pueden defender sus comunidades y pueblos bajo un esquema de orden y legalidad, que ofrece empleo y salario, adiestramiento y capacitación. Vaya salida.
Una hora de retraso. Convocatoria a las 12:30, Lugar: Palacio de Gobierno.
En el patio central, la clase política, empresarial y jerarcas de la iglesia.
Ahora sí, medio mundo hablando y dando declaraciones, cuando horas antes, en el apogeo de la crisis, legisladores, senadores, empresarios y funcionarios, con el celular apagado. Ahora sí, sobre los reflectores.
13:30 horas, el fuerte dispositivo de seguridad da entrada a una camioneta tipo van, larga, especial para al traslado de los funcionarios de primer nivel.
Era un blindado, un acorazado, un minibunker, protegido para todo tipo de armas, con sistemas de electrónicos de seguridad.
La sola presencia del vehículo habla de la preocupación por la situación que atraviesa Michoacán. Y de sus ocupantes.
Arriba de palacio de gobierno y otros edificios, francotiradores militares, camuflados, al menos eso parecían.
Se parapetaban en puntos estratégicos.
Arma en mano, visualizaban todos los movimientos del arribo del gabinete de seguridad nacional.
El respaldo era complementado por decenas de PFP’s, integrantes del Grupo de Operaciones Especiales y efectivos de las fuerzas castrenses.
Todo el Centro Histórico fue rehén del acuerdo.
En el orden, descienden el General, Salvador Cienfuegos, de la defensa nacional, el Almirante, Vidal Francisco Soberón, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio, el jefe del Ejecutivo, Fausto Vallejo y el perredista, Silvano Aureoles Conejo.
Tras, tras, tras.
Inicia la presentación y rápidamente la firma del Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán.
Al podium, un enérgico Fausto Vallejo Figueroa reitera su grito de guerra: “vamos por ellos”.
Allá, en la loma, en el limbo, la perredista, Cristina Portillo levanta una pequeña cartulina amarilla. Demanda eficacia en la estrategia anticrimen.
Vallejo arreció el discurso y advertía que a partir de hoy, “los grupos criminales, verán su fin”.
En ocho minutos, el mandatario también asumió el compromiso para hacer frente al fenómeno de la delincuencia en la zona de la tierra caliente. “Nada nos detendrá”, advertía.
Horas antes, en Casa de Gobierno, Vallejo Figueroa aseguraba que esta no sería una reunión más.
Y al menos, en el discurso, así se esbozaba.
Los dos protagonistas, Osorio Chong y Vallejo Figueroa, dejaron entrever que ahora sí, se echara toda la carne al asador.
Vallejo Figueroa aseguraba que todas las acciones contra los grupos delincuenciales será en estricto apego a los derechos humanos, a las leyes. “Nos apegaremos al derecho”, dijo.
Será, insistió, la suma de todas las fuerzas de la República, alineadas en un mismo frente para exterminar a los grupos delincuenciales.
Ahí mismo, el mensaje a los integrantes de las autodefensas: “Todos aquellos que porten armas de uso exclusivo del Ejército tendrán que acatar la ley y asumir las consecuencias que ello conlleva”.
Treinta Ministerios Públicos federales, 9 helicópteros y un número no determinado de efectivos aterrizarán, en los hechos, parte de la estrategia federal para restablecer el orden y la paz social en tierra caliente.
En las laterales, decenas de opiniones.
Entre ellas:
“Vivimos un virtual Estado de Guerra, donde las armas se anteponen al imperio de la ley”, reconocía ante este reportero el Arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda.
El nunca bien ponderado dirigente perredista, Víctor Báez, establecía el beneficio de la duda al acuerdo y advertía que su partido no apoyaría un acuerdo que no integrara acciones de desarrollo alterno.
El panista, Miguel Angel Chávez: “La obligación de la federación por restituir el Estado de Derecho”.
Así, al parecer, Michoacán arrancará una nueva etapa en su vida.
Al menos, esa es la apuesta de las instancias gubernamentales.