Destaca Salvador Vega riesgo en retribuir a testigo social

MÉXICO, DF., 1 de septiembre de 2013.- Según una nota publicada en Reforma, el gobierno federal debe tener cuidado de no convertir la figura del testigo social en un negocio, pues se desvirtuaría su función de ser un acompañante de calidad moral en las compras públicas y quedaría sujeto a ley de la oferta y la demanda, advirtió Salvador Vega Casillas, ex secretario de la Función Pública.

La ley, explicó el senador panista, establece que los testigos sociales recibirán un pago por el acompañamiento que hacen del proceso de compra de bienes y servicios, circunstancia que debe ser vigilada para evitar que se preste a generar un mercado de asesores.

Los testigos sociales, tanto personas morales como físicas, reciben pagos que reciben oscilan entre mil y 4 mil pesos por hora de labor, lo que genera contratos que pueden ir desde los 100 mil hasta los 600 mil pesos.

Vega Casillas reconoció que desde que se reglamentó la actuación de los testigos sociales en el 2004, se debatió mucho si se debería o no pagarles, pues la retribución la realiza la dependencia cuya licitación tienen que acompañar.

“Es el tema más delicado y más polémico, porque el equilibro ahí es muy delicado; primero, porque si no se paga una cantidad, la verdad es que el testigo social incurre en gastos, en tiempo, en estudio de los procesos, en trabajo, que necesariamente debe ser remunerado”, apuntó en entrevista.

“Además, si se deja sin pago, puede ser que si se transforma en una especie de mercado, pero sin pago. El pago lo realiza alguien más, alguno de los interesados, eso es un problema y pueden vulnerar el esquema de los testigos sociales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública, en el sexenio pasado fueron contratados 184 testigos sociales, quienes revisaron compras por un monto total de 1.2 billones de pesos.

El pago, aseguró Sergio Rivera, presidente de Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, una de las cinco personas morales registradas para hacer esa labor, no compromete la independencia del atestiguamiento, pues quien elige a los testigos es la SFP.

“No nos sentimos vinculados a no decir que las cosas están mal cuando están mal, lo hacemos, nuestro marco normativo nos autoriza a trabajar en ese sentido y no hay ningún problema”, sostuvo

“Creo que es un tema de percepción. Me parece que para la percepción y para mejorar el propio diseño, sí convendría que estos presupuestos de pago al testigo social estuvieran concentrados en la SFP”, agregó.

Actualmente están registrados 39 testigos sociales, 34 de ellos personas físicas.

De acuerdo con las normas que rigen su actuación, los testigos sociales deben ser profesionistas destacados en su especialidad, contar con experiencia profesional relativa a las compras públicas y haber recibido capacitación en la materia por parte de la SFP.

Su labor consiste en acompañar todo el proceso de licitación desde que se emite la convocatoria hasta que se firma el contrato, y al final emitir un testimonio en el cual asienta si se cumplió con los principios de transparencia, legalidad e imparcialidad, estando obligados, de ser el caso, de hacer del conocimiento de las autoridades competentes, los posibles actos de corrupción de los que conozca.

El encargado de despacho de la SFP, Julián Olivas Ugalde, anunció que este mes se abrirá una convocatoria a distintos especialistas para que se integren al programa de testigos sociales.

Las especialidades en las que se requerirán expertos, indicó el funcionario en entrevista, son en medicina, medio ambiente y distintas ingenierías, que son en las que hacen falta más profesionales ciudadanos.