Debe Congreso de la Unión garantizar derechos de indígenas

MORELIA, Mich., 11 de junio de 2014.- Ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza (GPNA) presentó una iniciativa de reforma para que la legislación en materia indígena garantice a las más de 17 mil comunidades que viven en el país, el acceso y protección de todos sus derechos: humanos, sociales, económicos, culturales, civiles y políticos.

Según un comunicado, el reto es mayúsculo, dijo la diputada federal Dora María Talamante Lemas al presentar una iniciativa a nombre del GPNA que adiciona la fracción XII bis al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Señaló que del total de la población indígena en México, 3.3 millones no satisfacen sus necesidades alimenticias básicas, y que un 46.5 por ciento no cuenta con educación primaria completa.

En su planteamiento, la legisladora expresó que el Estado mexicano ha generado importantes avances hacia la igualdad de género y la no discriminación hacia las mujeres. En este avance, puntualizó, mucho ha contribuido el Congreso de la Unión al modificar el marco jurídico, a fin de garantizar a las mujeres mexicanas el acceso a sus derechos en condiciones de igualdad, y en atender las desventajas que históricamente han fomentado las brechas de desigualdad.

En tal sentido, dijo que a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado, “aún tenemos importantes pendientes por resolver para garantizar que todas las ciudadanas mexicanas puedan disfrutar de sus derechos sin distinción alguna”.

Uno de éstos es, sin duda, el impulsar el conocimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres indígenas, como mecanismo para prevenir y erradicar la violencia en su contra, señaló.

Consideró que las condiciones sociales y culturales que caracterizan a nuestro país, exigen que impulsemos reformas que atiendan con políticas públicas de cobertura global, las necesidades específicas de las mujeres y los hombres que habitan en las más de 17 mil comunidades indígenas, donde las mujeres son las más desfavorecidas, a pesar de que desempeñan un papel esencial en la recomposición del país.

La diputada federal señaló a los integrantes de la Comisión Permanente: “Es nuestra obligación avanzar en los mecanismos que permitan acortar la distancia que existe entre la marginación y la justicia social, dando lugar a un nuevo modelo de inclusión y desarrollo, que permita mejorar sus condiciones sociales, políticas, culturales y económicas”.

Con este afán, precisó, tenemos que avanzar en este modelo de inclusión, no debemos permitir que la problemática se siga reproduciendo sin una debida atención legislativa, la que indudablemente debe estar orientada a mejorar el conocimiento de sus derechos fundamentales y a la articulación institucional de la Federación con los estados y municipios en este tema, que es la base de esta iniciativa.

Explicó que la propuesta de reforma referida, pretende promover una constante orientación y capacitación en materia de derechos humanos, a fin de que las mujeres indígenas conozcan éstos, así como mejorar la coordinación entre las instituciones federales, estatales y municipales, a las cuales puedan acudir en caso de necesitar apoyo.

Con ese ánimo, la iniciativa adiciona la fracción XIII bis al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, con el propósito de que dicha Comisión, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, desarrolle programas permanentes de capacitación dirigidos a las autoridades estatales y municipales, con el fin de fomentar el conocimiento de los derechos humanos de las niñas indígenas y mujeres, y prevengan la violencia en su contra.