Daño al Seguro Popular con Leonel Godoy, según Milenio

MÉXICO, DF., 30 de julio de 2012.- El candado legal que impide al Seguro Popular fiscalizar los más de 140 mil millones de pesos anuales que destina a los estados abre la puerta al manejo discrecional de los recursos. Dos ejemplos de ello son Tabasco y Michoacán durante las administraciones de Andrés Granier y Leonel Godoy, respectivamente, en las que se detectó manejo irregular de los recursos, según una nota de Milenio.La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los reportes obtenidos por MILENIO, a través del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), señalan que en ambos estados se han hecho compras de insumos, servicios y medicamentos a sobreprecios en favor de empresas farmacéuticas; organización de contratos sin licitación, inclusión en la nómina de personas ajenas a la prestación del servicio, tardanza en el pago de los servicios a los afiliados y de la infraestructura hospitalaria, la cual se ha quedado parada, como son más de 18 obras.David García Junco Machado, comisionado Nacional de Protección Social en Salud, reconoció que este diseño legal, sin duda, “abre áreas de oportunidad”, como sucede en Tabasco y Michoacán. “Todas estas irregularidades, que luego debe corregir el estado, son los mecanismos de transparencia que tiene cada una de las entidades por ley y hay otros mecanismos auditores que están revisando el uso de los recursos no solo en salud, sino en todo”.De acuerdo con la información revelada por el IFAI, Tabasco en la actualidad no ha demostrado 235 millones de pesos del Seguro Popular de los años 2010 y 2011.En Michoacán no se han justificado los gastos efectuados a través del Seguro Popular desde 2010 hasta la fecha. Se trata de 6 mil 151 millones de pesos.Atado de manosEl Seguro Popular se encuentra atado de manos para evitar los malos manejos de los recursos debido a la Ley General de Salud. Aun cuando los estados no comprueben los gastos asignados anualmente, el gobierno “no pondrá limitaciones ni restricciones, de cualquier índole, en la administración y ejercicio de dichos recursos”.Esa ley abre la puerta para que “las autoridades estatales” sean jueces, porque son responsables de denunciar a la Secretaría de la Función Pública dichas irregularidades a través de sus congresos locales.La ASF establece que Tabasco y Michoacán están fuera de norma, ya que el artículo tercero de la Ley de Salud establece que los recursos deben de ser manejados por Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), cuya misión es comprar a proveedores de la red pública Servicios Estatales de Salud como primera opción y en ocasiones la única.Sin embargo, ambos gobiernos han optado por pasar el presupuesto que reciben del Seguro Popular a sus secretarías de Finanzas o de Tesorerías con la absoluta libertad de manejar los recursos conforme a sus tiempos.La Evaluación Externa del Sistema de Protección Social en Salud 2009 —realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), con el apoyo financiero de la Dirección General de Evaluación del Desempeño (DGED) de la Secretaría de Salud federal— reveló que “en teoría, la normatividad vigente le proporciona blindaje al sistema para impedir manejos inadecuados en el uso de los recursos financieros y establece topes de gasto para evitar desvíos e ineficiencias.“Sin embargo, hay problemas de ineficiencia (baja productividad de las unidades de salud, altos costos de producción de servicios, duplicidad de funciones REPSS/SESA, aumento de techo presupuestal para las unidades de salud sin tomar en cuenta su desempeño).“Falta de transparencia en el uso de los recursos (retraso en la ejecución presupuestal sin causa aparente, compras sin procesos previos de licitación, financiamiento de servicios no contenidos, concentración en el manejo de recursos que permite la discrecionalidad en las decisiones por grupos restringidos de personas, por preferencias personales, recomendación o compromiso político y no por perfil técnico) y escasa capacidad administrativa y gerencial de muchos de los directores de hospitales y de unidades de salud y de algunos funcionarios de alto nivel y mandos medios de los REPSS”.MichoacánRafael García Tinajero, ex director de Seguro Popular, aseguró que renunció a mediados de 2010 cuando se dio cuenta de que “los recursos no bajaban para los casi 2 millones de afiliados” desde que el gobierno determinó que fuera la Secretaría de Finanzas la que manejara el presupuesto federal manejado antes por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), que se encargaba de pagar los servicios de los afiliados.A partir de esa situación, dijo, comenzaron las irregularidades. Por ejemplo, en el concepto de “Remuneraciones al Personal” se incluyó a gente ajena a la prestación al servicio como “un veterinario, una secretaria, un funcionario” y lo grave es que las personas afiliadas quedaron desprotegidas, según denuncia García Tinajero.“Simplemente la Secretaría de Finanzas dejó de pagar, por ejemplo, partos, la gente afiliada se endeudó o no recibía el servicio”. Incluso, agrega, hay infraestructura que se construyó y que está abandonada, como son los centros de salud, por carecer de personal y equipo.“Aunque el artículo tercero de la Ley de la Comisión Nacional del Sistema de Protección Social en Salud dice que el recurso lo debe de manejar el REPSS, que funciona como aseguradora y compra los servicios a la Secretaría de Salud estatal, en la administración de Leonel Godoy se decidió que el recurso lo manejara la Secretaría de Finanzas”, apunta.Con esa determinación “el paciente afiliado comenzó a estar desprotegido, porque el dinero no baja y las unidades comenzaron a descapitalizarse y entrar en crisis financiera”.Lo más grave es que 70 por ciento de los michoacanos carecen de seguridad social; aunque están afiliados al Seguro Popular tienen problemas para recibir atención, porque la Secretaría de Finanzas no hace las transferencias inmediatas, abunda.“Finanzas tiene la posibilidad de utilizar los recursos del Seguro Popular para resolver situaciones de otro tipo y no de los afiliados. Se sabe que se puede usar hasta 40 por ciento del recurso para pagar la atención directa a los afiliados, médicos, enfermeras, odontólogos, trabajadoras sociales, pero incluyen a personal no involucrado con la prestación del servicio, como veterinarios, algún médico en funciones directivas, secretarias de la oficina central”.García Tinajero asegura que en su gestión se iniciaron una serie de obras hospitalarias, el “dinero bajaba pronto y se les pagaba a los proveedores”, pero a partir de que Finanzas comenzó a administrar el recurso se dejó de pagar y se pararon las obras.Hay 13 obras en Michoacán que han recibido 2 mil 543 millones de pesos. De éstas solo están terminadas y se encuentran en regla el Hospital Infantil Eva Sámano de López Mateos y el Hospital General Miguel SilvaDe acuerdo con la información del IFAI, en Michoacán la remuneración a personal fue de 56.68 millones en 2007; un año después se elevó a 312 millones; en 2009 llegó a 511.44 millones; en 20120, a 636 millones, se elevó a 833 millones en 2011 y en 2012 no han sido reportados gastos.“Cuando el REPPS está subordinado a las secretarías o, como sucede en Michoacán pasa directo a Finanzas, pues se utiliza para ampliar el techo presupuestal de la secretaría, se paga a personal no involucrado al servicio. En mi gestión no hubo desvíos, yo exigí por auditoría que se regresaran 40 millones en 2010, pero en las de José Guadalupe Hernández Alcalá, secretario de Salud, y luego René Nieto ignoro cómo han trasparentado los recursos.“Lo cierto es que las Tesorerías de los estados abusan, no dan los recursos a los REPSS y los servicio a los afiliados se ve dañada. Se deben hacer modificaciones legales, homologar los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, tenemos una norma laxa en cuanto a la aportación estatal, subraya García Tinajero.TabascoLa ASF encontró durante la administración de Luis Felipe Graham Zapata, secretario de Salud en el gobierno de Andrés Granier, irregularidades por 175 millones 697 mil pesos, usados indebidamente para renta de bodegas, talleres, oficinas y casas-habitación, así como para pagos a personal administrativo, de limpieza y de medicamentos a precios superiores a los de referencia y otros gastos no relacionados con la operación del Seguro Popular.Por ello fueron cancelados 19 programas hospitalarios, entre ellos, el Hospital del Niño, al que se redujeron 33 millones 322 mil 704 pesos; al Hospital Juan Graham Casasús, 22 millones 706 mil 953 mil pesos; al Gustavo Rovirosa, 17 millones 536 mil pesos y, al de la Mujer, 8 millones 693 mil 415 pesos.Graham Zapata fue denunciado por el PRD estatal ante la PGR (463/2011) por desvío de recursos. Sin embargo, el ex funcionario ha reiterado que todas las observaciones fueron solventadas “en tiempo y forma”.Entre otras irregularidades en Tabasco, también hubo un sobrepago de servicios en 2011, cuando se dieron dos mil 639 pesos por aplicar el tamiz neonatal a 35 mil menores, lo que representó un gasto de 57 millones 365 mil, cuando en los servicios privados el costo oscila en 919 pesos.Si se hubiera aplicado esa tarifa a los 35 mil menores el costo sería de 32 millones 165 mil pesos, es decir, un ahorro de 25 millones 200 mil pesos.Las empresas beneficiadas con sobreprecios fueron Tamizaje Plus S.A de C.V y Químicos Maldonado, y los dueños son Felipe Ángel y Mario Arturo Maldonado Solís, Pedro Pulido Salas, Tamiz Mas, cuyas sucursales se encargan de efectuar el tamiz metabólico ampliado a 67 enfermedades en recién nacidos.El desabasto de medicamentos de hasta 60 por ciento fue denunciado por el Congreso de la Unión, conforme a los reportes de la ASF.Los datos no concuerdan con el gasto en medicinas: 302 millones (2007), 162 millones (2008), 275 millones (2009), 313 millones (2010), 281 millones (2011) y 338 millones (2012).Carlos Manuel de la Cruz, secretario de Salud, aseguró que los recursos en “dos administraciones no llegaron en tiempo y forma en 2010 sino hasta febrero y marzo del 2011, ocasionando que no se pudieran ejercer los ejercicios autorizado en 2010”. Aclaró que “todas las observaciones que nos hicieron a nosotros están solventadas, no tenemos responsabilidades de tipo administrativas, económicas, son de corrección de detalles, no implican devolución de dinero ni sanciones hacia alguna área administrativa en específico, y únicamente nosotros estamos esperando el oficio de descargo de responsabilidades que envía la ASF, pero esto lleva su tiempo”.