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MORELIA, Mich., 23 de mayo de 2013.- Además de enriquecer los contenidos programáticos de la rectoría del Estado, la elevación a rango constitucional del principio de competitividad será una palanca para impulsar la innovación tecnológica de las empresas, para detonar mejoras regulatorias que faciliten el desempeño de la pequeña y mediana industria, sentar las bases de una genuina política nacional industrial y darle al país una funcionalidad propia del siglo XXI.
De acuerdo con un comunicado de prensa, así lo expresó el diputado Antonio Sosa López, al razonar el voto a favor del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la reforma constitucional en materia de competitividad.
En su intervención, el diputado presidente de la comisión legislativa de Industria, Comercio y Servicios consideró que esta propuesta es muy oportuna para el país, no sólo porque los criterios de “competencia” y “competitividad” son el eje del vigor y la consistencia de las economías fuertes, sino además, “porque la búsqueda de la competitividad es un acicate para crear empleos, generar inversiones, detonar dinámicas de desarrollo compartido y crear mecanismos nuevos de distribución del ingreso”, apuntó.
En su intervención en tribuna, Sosa López consideró que el índice de competitividad que se tiene en el país, medido con estándares internacionales, podría mantenerse sólo como un referente del discurso político, o un propósito noble y loable de la vida empresarial, pero en ese caso “no tendría un verdadero impacto en los indicadores de gestión gubernamental ni en la economía real de nuestro país”.
El diputado por el distrito VIII agregó que la inclusión del principio de competitividad en el marco constitucional que define la rectoría del desarrollo nacional por el Estado, los artículos 25 y 26 de nuestra Carta Magna quedan teóricamente enriquecidos y completos, además de que el Estado Mexicano dispondrá de un elemento adicional para mejorar su capacidad de gestión y “darle resultados concretos al pueblo de México”.