Colaboró Iris en propuesta de reforma del Mando Único

MÉXICO, 1 de febrero de 2016.- La senadora Iris Vianey Mendoza del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara Alta, participó en reunión de trabajo entre las mesas directivas de las Comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales, Gobernación, Seguridad Pública del senado y de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional con integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), sobre propuesta de reforma constitucional de Mando Único Policial.

De acuerdo a información de un comunicado, la legisladora michoacana compartió su opinión a los gobernadores presentes a tráves de un documento, que inicia textualmente así “en relación con la propuesta de seguridad que presentó el titular del Ejecutivo Federal en diciembre de 2014 como respuesta a la presión social y política por el Caso Iguala/Ayotzinapa y que, como toda respuesta coyuntural, adolece de un análisis más estructural de la problemática que vivimos.”

“La inseguridad y la violencia en México es un problema en extremo complejo por lo tanto no admite soluciones simplistas ni cortoplacistas, sino la construcción de una combinación integral de alternativas de corto, mediano y largo plazo que atiendan como política de Estado y como compromiso de los tres órdenes de gobierno, los tres Poderes de la Unión y sociedad civil, sus causas estructurales.

Les comentaré esquemática y brevemente junto con algunas líneas de la propuesta que pondremos en el debate que se desarrollará en el Senado:

1) Los distintos gobiernos, el federal, estatales y municipales, de todo color, abandonaron la responsabilidad política de atender como prioridad la seguridad de las y los ciudadanos y la dejaron en manos de los policías, ahora de los militares, provocando así el desgobierno político de la seguridad; dejaron de construir políticas públicas integrales de seguridad para dejarla en manos de policías formadas a imagen y semejanza del sistema político al que sirven.

La iniciativa de desaparecer a las policías municipales para concentrar la fuerza policial en 32 policías estatales a través de un mando único, propone nuevamente una estrategia desde la visión de policías y criminales y no una apuesta a la seguridad humana que atienda las otras causas, como:

2) La normalización de la ilegalidad, a partir de dos fenómenos que se retroalimentan:

1. la ausencia de Estado de derecho y cumplimiento de la ley por parte de la autoridad, y,
2. la ausencia de una cultura de la legalidad por parte de los ciudadanos; somos una sociedad muy permeable a la aceptación social del delito; aceptamos, con mayor o menor indignación, conductas irregulares aparentemente inocuas por parte de la autoridad; y también por parte de ciudadanos, lo que no lleva a la profundización de la corrupción.

3) La corrupción, tanto la que a gran escala desarrollan las empresas y las autoridades como las Casas Blancas, el conflicto de interés, la compra de los líderes sociales, políticos y partidarios y el triángulo política-policía-criminalidad; como la que realizamos los propios ciudadanos: las mordidas, los sobornos, todo lo que permite la prevalencia de otras dos causas: la impunidad sistémica y generalizada como consecuencia del colapso del sistema de justicia que no permite castigar a quienes desde los distintos ámbitos cometen conductas ilegales de mayor o menor escala.

4) Una causa más es la masificación de los mercados ilegales, el crimen, también el que se comete desde las instituciones, es fundamentalmente un tema de oferta y demanda y derivado de la corrupción y la impunidad, hay tierra fértil para la comisión de los más de 20 delitos reconocidos por la Convención de Palermo, masificándose la ilegalidad. Y desde 2006, con la militarización de la seguridad, se han destruido redes sociales municipales, que cuestionables o no, permitían una administración de dichos mercados; por ello, la propuesta de mando único, no sólo no apunta a resolver el conflicto sino a generar mayor corrupción comunitaria en la base de nuestro sistema político: el municipio.

5) Una causa que se entrelaza con las ya mencionadas es la alternancia política que provocó dos fenómenos:

a) la fractura de las lealtades políticas de los grupos criminales, y,

b) el sistemático desmantelamiento institucional en materia de seguridad que duró al menos una década y que en 2006 declaró la guerra a los grupos criminales dedicados al trasiego de droga junto con el abandono a los adversarios políticos ante el crimen.

6) Sumemos el populismo penal y la urgencia legislativa que, sin atender las causas profundas, generan políticas públicas contrarias a la solución estructural de los problemas, y por último, la violencia estructural que viven millones de mexicanos con niveles de pauperización creciente, crisis económica, devaluación del peso, caída de los precios del petróleo, exclusión social, marginación, falta de oportunidades, violación a todos los derechos sociales, políticos y económicos, con la consecuente comisión de crímenes atroces y de lesa humanidad, como la desaparición, la tortura y los homicidios dolosos, ejecuciones, producto de la violencia institucional y criminal.

Algunas de las causas estructurales:

1. desgobierno político de la seguridad,
2. aceptación social del delito,
3. masificación de los mercados ilegales,
4. desmantelamiento institucional,
5. equivocada estrategia de combate al crimen,
6. populismo penal,
7. urgencia legislativa,
8. impunidad y sistema de justicia colapsado
9. corrupción ,y,
10. violencia estructural; la propuesta que se formula es que desaparezcamos las policías municipales, presuntamente más infiltradas, para concentrar el mando en 32 policías estatales, que suponemos no están tan infiltradas y vayamos hacia el MANDO ÚNICO de la estrategia policías versus criminales que ya sabemos no funciona. Ante nuestra realidad estructural debemos impulsar una estrategia integral estructural y por lo pronto no un modelo de policía, sino un MODELO DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LA GESTIÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS de las policías y los servidores públicos de las instancias de seguridad en todos sus niveles.

El reto es sumar varias acciones de Estado que incidan en cada uno de los factores estructurales y vaya hacia la seguridad humana, proponemos algunos elementos:

1. Recuperar credibilidad en las instituciones a través de un Sistema Nacional Anticorrupción en todos los ámbitos, es decir, el debate del sistema debe también incorporar a las instituciones de seguridad y justicia.
2. Diseñar un esquema mixto de policía de proximidad, recuperación de policías municipales, concentración de mando para apoyar las tareas municipales, entre otros elementos.
3. Regular el uso de la fuerza y los procedimientos policiales.
4. Prevenir socialmente el delito a partir de impulsar decididamente y con el presupuesto suficiente el Programa Nacional de Prevención Social de la Delincuencia y del Delito.
5. Construir comunidades seguras a partir de la satisfacción de múltiples derechos con acciones de seguridad vital: salud, empleo, educación, seguridad física y patrimonial, vivienda, bienestar social.
6. Impulsar el acceso efectivo a procesos de justicia y respetar los derechos humanos.
7. Combatir la impunidad, sobre todo en los crímenes atroces.”