Buscan PRI y PAN limitar derechos para ejercer consulta popular: Morón

MORELIA, Mich., 24 de febrero de 2014.- La pretensión de los Senadores del PRI y del PAN de aprobar en los próximos días la Ley de Consulta Popular, para impedir que a los ciudadanos del país se les consulte sobre la reforma constitucional en el tema energético, también obstaculizan cualquier posibilidad de la sociedad en la participación en los temas importantes del país y cierran el paso a la democracia participativa en México.

De acuerdo con un comunicado, en rueda de prensa, el Senador de la República, Raúl Morón Orozco, destacó que la Ley reglamentaria sobre la Consulta Popular aprobada en Comisiones Unidas del Senado el pasado Jueves 20 de febrero, determina la imposibilidad de preguntar a la población sobre los asuntos de relevancia nacional, por lo que el acuerdo entre PRI y PAN restringirá la posibilidad de llevar a cabo una verdadera consulta ciudadana sobre cualquier tema.

“Todos los políticos se llenan la boca hablando del impulso a la democracia participativa, pero en los hechos conculcan la participación de la sociedad en los temas importantes del país. Pero la minuta contiene requisitos adicionales superiores a los que exige la Constitución, con la intención de burocratizar y obstaculizar el pleno ejercicio de los ciudadanos a ser consultados”, destacó Morón Orozco.

Detalló que los requisitos que los legisladores del PRI y del PAN determinaron para ejercer la Consulta Popular limitan la facultad de atender las solicitudes de consulta popular solo a la Cámara de Diputados, cuando la Constitución lo otorga al Congreso de la Unión.

“Se incrementan los requisitos para convocar a la consulta popular, más allá de los exigidos por la propia constitución, con prerrequisitos como el Aviso de intención que deben presentar los ciudadanos interesados en la consulta al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a través de un formato que emita la misma Cámara; la falta de presentación del aviso de intención, será causa para no admitir a trámite la petición de consulta popular”, destacó.

Agregó que con la evidente intención de impedir que se realice la Consulta Popular en materia energética, la cual podría descarrilar la reforma constitucional en ese sector, los senadores priístas y panistas excluyeron de paso a los ciudadanos en la construcción de la agenda pública, ya que la imposibilidad de emprender una Consulta Popular también determinará la inviabilidad de otras figuras como el plebiscito o el referéndum, sino también la revocación de mandato y la contraloría social, “porque un asunto muy importante que en el país se destaca es el nivel de corrupción que existe en todo el sistema político y toda estructura de gobierno”.

La Consulta Popular que pretende el PRI y el PAN, tienen los siguientes elementos contradictorios:

1.         Limita el derecho  de los ciudadanos mexicanos que viven en el extranjero de participar en consultas populares, ya que se les permite  su participación solo en  la jornada de elección a Presidente de la República.

2.         Prohíbe expresamente que los ciudadanos puedan respaldar con su firma más de una consulta popular, para la misma jornada de consulta.

3.         Se exige a los ciudadanos que soliciten la consulta, que además de las firmas y del aviso de intención y otros requisitos, se proporcione la clave de elector y el número de identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente, que de no proporcionarse sería una causa de improcedencia de la solicitud.

4.         Impone una restricción en los efectos vinculantes de la consulta, dado que  establece que cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio para el Congreso, ésta sólo tendrá efectos para la legislatura inmediata siguiente, lo que excede los términos constitucionales, pues lo correcto es que el resultado obliga a la misma autoridad en funciones en el momento mismo de la consulta, no existe razón para que sus efectos se difieran o se prorroguen.

5.         El dictamen aprobado de la ley federal de consulta popular, no establece un plazo máximo para la presentación de las peticiones de consulta, ni para la resolución de la convocatoria por las Cámaras del Congreso, lo que puede hacer nugatorio el derecho a la consulta, o por lo menos dificultar el proceso de organización de la consulta para la propia autoridad electoral, quien podría actuar de forma muy discrecional en favor de la autoridad y no de los ciudadanos.

Morón Orozco anticipó que en la sesión donde se pretenda aprobar esta ley reglamentaria, todos los partidos de izquierda votarán en contra, además de que previsiblemente se realizará una votación mecánica del PRI y del PAN, quienes no subirán a debatir ni a argumentar la ley que estarán discutiendo.